El Banco de España calcula que no ajustar el IRPF a la inflación costó al contribuyente 11.000 millones

El Banco de España calcula que los contribuyentes españoles pagaron 11.000 millones de euros de IRPF más de lo que les habría correspondido entre el 2019 y el 2023 si la tarifa del impuesto se hubiera ajustado a la inflación.

En su informe anual publicado este martes, el Banco de España incluye un estudio sobre el impacto de la denominada progresividad en frío, que es el efecto que se produce cuando la cuota tributaria crece más que el incremento de la renta por la no actualización de la tarifa del impuesto. De acuerdo con sus cálculos, el IRPF pasó de recaudar 86.000 millones en el 2019 a 124.000 millones en el 2023, un incremento de 38.000 millones que está relacionado tanto con el mayor número de contribuyentes como con el crecimiento de salarios y prestaciones.

Este incremento de recaudación, puntualiza el Banco de España, habría sido 11.000 millones de euros inferior si los distintos componentes del impuesto se hubieran ajustado a la inflación de esos años y, por lo tanto, se hubiera evitado la progresividad en frío.

¿Cómo funciona la progresividad en frío?

La progresividad en frío, explica el informe, funciona a través de dos mecanismos: en primer lugar, los beneficios fiscales con cuantías fijas, como reducciones o deducciones, pierden valor relativo; y, en segundo lugar, los incrementos de renta se gravan con un tipo marginal superior al tipo medio, lo que eleva ese tipo medio.

Es decir, un contribuyente que disfrute de un aumento de renta en línea con la inflación —y que, por tanto, no ha mejorado su capacidad adquisitiva— verá incrementado su tipo medio de IRPF, ya que tendrá un mayor porcentaje de renta que exceda a los beneficios fiscales (como el mínimo personal y familiar) y toda la nueva renta se enmarcará en tramos altos del impuesto.

En términos teóricos, un aumento de renta de los hogares del 1 % daría lugar a un aumento de la recaudación del 1,85 %, pero el Banco de España puntualiza que el impacto es desigual en función del nivel de renta.

Así, mientras los contribuyentes con rentas inferiores a 16.385 euros apenas se verían afectados por la progresividad en frío, quienes se encuentren entre esa renta y los 19.873 euros verían «aumentos relativos muy elevados en su cuota tributaria», superiores al 10 %, debido al menor efecto de los beneficios. A partir de ese nivel, el efecto se diluye progresivamente.

El Banco de España explica que este aumento generalizado de los tipos medios reduce la desigualdad de la renta, pero también erosiona la progresividad del impuesto, ya que la diferencia entre los tipos medios de las rentas altas y bajas se reduce.

Los tipos medios seguirán subiendo

Más allá de este efecto teórico, el informe analiza el impacto real en la economía española, donde las rentas de los hogares crecen con fuerza y el IRPF no ha actualizado sus parámetros -como los mínimos o los tramos- a la inflación, más allá de la deflactación de la parte autonómica en algunas regiones y otros pequeños ajustes.

En este entorno, la progresividad en frío explica la mitad del aumento de la ratio de recaudación de IRPF sobre el PIB (que pasó del 6,9 % en 2019 al 8,5 % en 2023) y el 70 % del aumento de los tipos medios (que pasó del 12,8 % en 2019 al 14,7 % en 2023).

De cara el futuro, si los parámetros del IRPF no se actualizan, la progresividad en frío «continuará teniendo un impacto significativo en la recaudación», que podría alcanzar el 9 % del PIB en 2025, al tiempo que el tipo medio escalaría al 15,3 %.

Subir las cotizaciones destruiría 50.000 empleos

El Banco de España calcula que subir un punto porcentual el tipo efectivo medio de las cotizaciones sociales para financiar el sistema de pensiones generaría una caída del 0,25 % en el número de ocupados al cabo de cuatro años, lo que equivale a más de 50.000 puestos de trabajo.

La entidad ha advertido de los perjuicios que supondría la aplicación en el 2025 de la clausula de salvaguarda del sistema de pensiones que, en última instancia y en ausencia de otras medidas, garantiza su sostenibilidad con una subida automática de las cotizaciones.

El Banco de España ha publicado este martes los capítulos de su informe anual en los que analiza la resiliencia de la economía española y los retos económicos aún pendientes, entre ellos, la sostenibilidad de un sistema de pensiones que supone «una de las partidas de gasto estructural más relevantes» y muestra una clara tendencia al alza que se prolongará en las próximas décadas.

El gasto en pensiones en el 2023 alcanzó el 13,1 % del PIB y se espera «un incremento sustancial» teniendo en cuenta la evolución demográfica de España, con un notable aumento del peso poblacional de las personas de mayor edad.

El informe recuerda que en el 2025 está prevista la evaluación de la cláusula de salvaguarda introducida en la reforma del sistema de pensiones, que estipula que si la proyección del gasto medio neto en pensiones en el período 2022-2050 se desvía del 13,3 % del PIB, el Gobierno deberá identificar un conjunto de medidas para corregirlo.

A falta de acuerdo sobre las medidas a aplicar, el mecanismo contempla una subida automática de las cotizaciones sobre la que el Banco de España lanza su advertencia: «hacer descansar la financiación del sistema de pensiones exclusivamente en el incremento de las cotizaciones sociales podría ser perjudicial para el empleo y la competitividad de la economía española».

El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, ha explicado durante la presentación del informe que esas obligaciones de gasto podrían reducirse si los nuevos incentivos introducidos para demorar la jubilación logran elevar significativamente la tasa de actividad de los trabajadores de edad avanzada.

Según datos de la entidad, un retraso de un año en la edad de jubilación de todas las altas ordinarias proyectadas entre el 2022 y el 2050 estaría asociado a una reducción promedio de la ratio de gasto en pensiones de entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales de PIB en dicho período.

El peso de las jubilaciones demoradas sobre el total de altas de jubilación ha aumentado del 4,8 % en el 2021 al 8,1 % en el 2023, cuando superaron las 26.000, aunque Gavilán ha explicado que es imposible saber cuántas personas se van a acoger a esta modalidad y cuánto tiempo.

Desajustes del mercado laboral

Otro de los retos planteados por el Banco de España respecto al envejecimiento de la población tiene que ver con los desajustes que puede producir en el mercado de trabajo, un problema que se ve compensado por el fenómeno de la inmigración.

Gavilán ha detallado que los flujos migratorios supondrán una ganancia neta poblacional de casi 10 millones de personas hasta el año 2053, de los cuales el 70 % está en edad de trabajar, es decir, unos 7 millones, una cifra que habría que multiplicar por tres para que la tasa de dependencia en España se mantuviese constante.

A pesar de esta «intensidad» en los flujos migratorios, ha hecho hincapié en que no va a ser suficiente para atajar el problema, teniendo en cuenta el perfil de los inmigrantes (el 80 % no tiene estudios universitarios) y las necesidades de las empresas, con una economía en plena transformación verde y tecnológica, un desajuste que también se aprecia en trabajadores nacidos en España.

Perspectivas económicas «favorables»

En el informe también se hace referencia a las perspectivas de crecimiento de la economía española, que se mantienen «relativamente favorables a lo largo del horizonte 2024-2026», debido al fin del endurecimiento de la política monetaria, la moderación de la inflación y el impulso fiscal proveniente del programa Next Generation EU (NGEU).

Respecto a la inflación, se espera que reanude su senda descendente en los próximos meses, como reflejo de una moderación gradual en el componente de alimentos y en la inflación subyacente, que compensaría la estabilización que mostrará la contribución del componente energético.

El Banco de España insiste en que persisten algunos retos estructurales, como el escaso dinamismo de la productividad, los elevados niveles de deuda y déficit públicos, la alta tasa de desempleo estructural y las dificultades crecientes de acceso a la vivienda, entre otros.

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