Podría sobrepasar la cifra si Hacienda detecta nuevas irregularidades en las sociedades satélites y proveedores
09 oct 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Anticorrupción ya solo espera el informe definitivo de la Agencia Tributaria de Cataluña y la respuesta de las comisiones rogatorias de Luxemburgo y Suiza para reclamar una fianza civil a Iñaki Urdangarin y a su exsocio en el instituto Nóos, Diego Torres, que será «superior a los nueve millones de euros». Incluso, según responsables del caso, podría sobrepasar los diez millones de euros si Hacienda detecta nuevas irregularidades en las sociedades satélites y en proveedores que surtían a empresas de los dos imputados.
La Fiscalía quiere tener el documento en breve, aunque todo depende de lo que se demore la delegación catalana de Hacienda en entregar el informe que le reclamó el pasado 19 de julio el juez que lleva la pieza 25 del sumario Palma Arena, José Castro. El instructor quiere así saber la cifra exacta del dinero que dejaron de ingresar las arcas públicas por las artimañas usadas por los dos cabecillas de Nóos para hacerse con contratos de las Administraciones usando una entidad sin aparente ánimo de lucro.
A la espera del documento básico, las estimaciones de la Fiscalía se basan en el último informe aportado a la causa por el Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura de Baleares, que apuntó que 8.930.083 euros de la caja de Nóos fueron a parar, en su mayoría, a las cuentas de las siete sociedades de los dos socios, entre ellas a Aizoon, la inmobiliaria que pertenece al 50 % a la infanta. Cristina de Borbón también tendrá que responder patrimonialmente como copropietaria de esa sociedad aunque finalmente nunca sea imputada en la vía penal.
La intención de Anticorrupción es «tener como civilmente responsables» al duque y a Torres de las deudas que generaron con Hacienda sus sociedades y la propia Nóos, al considerar probado que ambos conscientemente ingeniaron un entramado para defraudar y que los delitos no fueron consecuencia de la falta de diligencia de los administradores.
Hacienda sostiene que solo entre 2002 y 2010 Nóos se embolsó una cantidad cercana a los nueve millones por los que no se tributó ni un solo euro. Cabe la posibilidad, no obstante, que desde el 2006 esos delitos y sus respectivas multas estén prescritos, pero el resto del dinero debería tributar ahora a un 40% más una penalización.