La vicepresidenta dice que la reforma no está «cerrada», pero el ministro del Interior ratifica su intención de vetar la difusión de imágenes de los agentes
20 oct 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Que iba a ser una reforma de lo más polémica lo sabía el director general de la Policía cuando lo anunció el jueves. Que de inmediato tendría de frente a la oposición parlamentaria estaba descontado por Interior. Lo que no esperaba Ignacio Cosidó es que la controversia comenzara en el seno del Gobierno. El proyecto de prohibir grabar a los agentes ha divido al Ejecutivo.
Es más, departamentos directamente implicados no sabían siquiera que el ministerio planeaba incluir en la inminente reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana la prohibición de «captación, reproducción o tratamiento de imágenes, sonidos o datos de miembros de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones cuando puedan poner en peligro su vida o en riesgo la operación que están desarrollando».
Solo horas después, la Moncloa reconocía que la reforma planteaba algunas «aristas» que pulir. La vicepresidenta del Ejecutivo fue ayer mucho más lejos y, sin llegar a desautorizar a Cosidó, aseguró tajante que esa reforma no está, ni mucho menos, «cerrada». Soraya Sáenz de Santamaría, que evitó responder la pregunta de si Cosidó «hablaba en nombre del Gobierno» o se precipitó, rebajó sustancialmente el anuncio de Interior. «La dirección de la Policía pone de manifiesto los problemas con que se pueden topar sus agentes con relación a su seguridad e integridad, pero a partir de ahí se van elaborando las normas», precisó para explicar que antes de presentar un proyecto al Parlamento hay que pasar por un «proceso muy exhaustivo» que, además, «concierne a varios ministerios» y en el que debe recabarse el informe de órganos consultivos como el Consejo de Estado o el Poder Judicial. Sáenz de Santamaría quiso poner el énfasis en que cualquier proyecto no atacará «derechos fundamentales» y, «muy en particular», el de la «libertad de opinión e información».
Parecía dejar claro que el proyecto no está maduro, pero Interior salió de inmediato en defensa de Cosidó. Jorge Fernández Díez garantizó que saldrá adelante: «Cuando la libertad de expresión se pervierte y se convierte en lesión del derecho al honor o para pervertir la seguridad ciudadana, el ordenamiento jurídico encuentra, y si no lo encuentra lo debe encontrar, los razonables límites, pues deja de ser un derecho para ser una conducta reprobable», apuntó.