El juez les acusa de cohecho y manda a prisión a un promotor inmobiliario acusado de blanquear dinero para la trama
22 oct 2012 . Actualizado a las 22:02 h.Los dos miembros de las fuerzas de seguridad detenidos en la «operación Emperador» facilitaban trámites administrativos a la red de Gao Ping a cambio de prebendas. En concreto, el inspector de la Policía y el sargento de la Guardia Civil daban un trato de favor a la trama en cuestiones como multas y eran agasajados con viajes con todo incluido a China, según fuentes de la investigación.
Su relación, sin embargo, con la red de Gao Ping era «meramente testimonial» y no entraban en ningún caso en los terrenos del fraude fiscal y del blanqueo de capitales, el auténtico motor de la organización criminal.
No obstante, uno de los agentes, Miguel Ángel Gómez Gordo, era nada menos que el Jefe del Grupo V de la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid, especializado en ciudadanos chinos.
Este inspector había participado en la resolución de secuestros de menores chinos y fue condecorado con la medalla con distintivo rojo, lo que reporta una pensión vitalicia, por el anterior ministro del Interior, Antonio Camacho, el 21 de septiembre de 2011.
Su implicación con la trama deriva de la relación con el sargento de la Guardia Civil también detenido en el operativo, quien tenía un contacto más directo con los responsables de la red. Sin embargo, el juez Fernando Andreu dejó a ambos en libertad este lunes sin medidas cautelares, pero imputados por cohecho.
Diferente suerte corrió el empresario catalán Oriol Mestre Risse.
El promotor inmobiliario ingresó en prisión incondicional acusado de blanquear capitales para la trama. En concreto, el industrial ocultaba el dinero en Andorra y tras pasar un tiempo lo transfería a cuentas españolas para poder disponer de él sin tributar a Hacienda y no levantar sospechas.
Hasta este lunes, la operación contra la mafía hispano-china suma 87 detenidos. De ellos, 48 han ingresado en prisión incondicional, 23 han quedado con fianzas que oscilan entre los 6.000 a los 100.000 euros y 16 han salido en libertad, la mayoría con comparecencias periódicas en el juzgado más próximo a su domicilio.