La magistrada Rosario Espinosa les achaca un delito contra las altas instituciones del Estado
23 oct 2012 . Actualizado a las 23:05 h.La jueza de Madrid que interrogó a los 34 detenidos en la manifestación frente al Congreso del pasado 25 de septiembre mantiene que los acusados cometieron un delito contra las altas instituciones del Estado y su caso debería ser investigado por la Audiencia Nacional.
La magistrada Rosario Espinosa confirmó este martes su decisión de remitir al tribunal central las actuaciones abiertas y desestimó los recursos de reforma interpuestos contra su resolución por los abogados de 19 de los acusados.
Para ello, la juez confirma «en su totalidad» la resolución judicial de entonces, ya que «no se han desvirtuado los fundamentos de derecho» que se aplicaron para acordar la inhibición y «no han variado las circunstancias» que motivaron esa decisión.
Es decir, mantiene que los acusados trataron de saltar las vallas de seguridad que rodean el Congreso en su intento de »exigir una destitución y ruptura del régimen vigente». De ahí que, además de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad, apreciara la existencia de un delito contra el Estado, competencia de la Audiencia Nacional.
Al tratarse de un recurso de reforma subsidiario de apelación, el asunto será ahora estudiado por una sección de la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid. No obstante, la Fiscalía de Madrid es partidaria de que las diligencias contra varios de los detenidos, entre siete y nueve, sean enviadas a la Audiencia Nacional.
La puesta a disposición judicial de estos detenidos originó en su momento una fuerte discusión entre la Policía Nacional y el juez Santiago Pedraz, ya que la Brigada de Información quiso enviarle a los arrestados pese a que este consideraba que no se había producido el delito contra altas instituciones de la nación, tal y como luego dejó entrever en el archivo de la causa a los promotores del 25-S.