El director CNI niega relación con la agencia, pero dice que comparecerá
20 feb 2013 . Actualizado a las 07:00 h.La trama de espionaje destapada en Cataluña, en la que ya hay cuatro detenidos, sumó ayer un ingrediente a la rocambolesca historia de detectives, conspiración y políticos que graban y son grabados: la lucha entre policías por hacerse con el control del caso. Hasta ahora, la investigación la llevaba el Cuerpo Nacional de Policía, que asumió el caso a raíz de la denuncia que interpuso en una comisaría de Barcelona la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, tras la publicación de su encuentro con la expareja de Jordi Pujol Ferrusola. Pero el Gobierno catalán, molesto porque el Ministerio del Interior había dejado a los Mossos d'Esquadra al margen, contraatacó ayer y abrió las puertas del caso a su policía autonómica, que deberán investigar una denuncia presentada por la vicepresidenta del Ejecutivo, Joana Ortega, que aparece como uno de los políticos espiados por Método 3.
El caso dispara los recelos que desde hace meses existen entre el Gobierno central y el catalán, enfrentados no solo por el proceso soberanista, sino por una guerra de recursos al Constitucional y una lectura divergente de cómo debe repartirse el déficit público. Sobre la superficie hay un conflicto de competencias, entre Policía Nacional y Mossos, aunque lo que subyace, es la custodia y la gestión de una información muy delicada y que afecta a personalidades de la política, la empresa, la judicatura y la sociedad civil, y de la que nadie quiere quedarse al margen. «No se puede llegar hasta el fondo de un caso en Cataluña sin la colaboración de los Mossos d'Esquadra», advirtió el Gobierno de Artur Mas, que anunció la creación de un grupo de trabajo interdepartamental, un gabinete de crisis que coordinará las medidas políticas y judiciales que emprenderá la Generalitat y que involucra a los Mossos en la investigación.
Según el presidente del Tribunal Superior de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, los Mossos d?Esquadra tienen «todas las facultades» para investigar un caso cuyas riendas tomó la Policía Nacional; tendrá que ser el juez quien «determine qué policía judicial lo llevará», zanjó.
El Gobierno autónomo continuó abonando la teoría, apoyada por fuentes policiales catalanas que aseguraron en TV3 que ha aumentado la presencia de agentes del CNI (Centro Nacional de Inteligencia) en la comunidad, de que existe una cierta guerra sucia por parte del Estado. El director del CNI, Félix Sanz, quiere despejar dudas y se mostró dispuesto a comparecer ante el Congreso, como había reclamado CiU, para aportar datos que demuestren que no ha existido ni existe relación alguna entre CNI y Método 3.
Tarde de registros
Conocer el papel que la agencia de detectives sigue siendo clave y ayer, y por orden del juez, la policía registró la sede de la empresa acompañado de su director, Francisco Marco (uno de los detenidos), y los dos fiscales Anticorrupción que llevan el caso. Los registros, que proseguían al cierre de esta edición, se efectuaron en la oficina de la compañía en Madrid, la subsede barcelonesa y los domicilios de los cuatro arrestados, que pueden ser acusados de un delito de revelación de secretos.