Requiere las actas del instituto para comprobar si firmó las cuentas
09 mar 2013 . Actualizado a las 07:00 h.José Castro pisa el acelerador y se prepara para interrogar en cuatro días a 37 testigos e imputados. El juez del caso Nóos encara la recta final de la instrucción del sumario contra Iñaki Urdangarin y lo hace con los ojos puestos en Cristina de Borbón. El magistrado, con el único apoyo de la acusación popular de Manos Limpias porque Anticorrupción prefiere mantenerse al margen, pidió toda la documentación sobre las reuniones del instituto en busca de cualquier pista que pueda afianzar una citación como testigo o imputada de la hija menor del rey.
Castro aceptó la petición de Manos Limpias de ordenar a quien fuera secretario de Nóos, Miguel Tejeiro, cuñado de Diego Torres, que entregue las actas de las asambleas generales que el instituto debió celebrar cada año y en que tuvo que participar la infanta, ya que era miembro de la directiva, además de vocal. Reclama así la documentación que se «anexionó» a aquellas actas, amén de que se le informe de cada una de las veces que los cinco responsables de Nóos se reunieron, fechas y lugares. En particular, quiere también copias del acta de fundación del instituto, en septiembre del 2003, y de la reunión de marzo del 2006 en la que, al menos sobre el papel, Urdangarin, Cristina de Borbón y Carlos García Revenga, secretario de las infantas, dejaron la dirección de esa fundación sin ánimo de lucro por orden de la Zarzuela.
La intención del instructor, que ya decidió sin el apoyo de la Fiscalía imputar a Revenga, es escudriñar esos documentos para comprobar hasta qué punto la infanta estaba al tanto de las decisiones que se tomaban en Nóos. Es más, conocer si avaló con su firma las cuentas anuales con las que Nóos se apropió de más de seis millones de euros de dinero público procedente de las Administraciones autónomas balear y valenciana. Según Diego Torres, tanto la infanta como Revenga tenían el mismo nivel de decisión que el resto de miembros de la junta, lo que negó Urdangarin, quien sostuvo que la presencia de ambos era meramente simbólica.
También en Aizoon
Pero el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma va más allá. Como le solicitó Manos Limpias, pide al Registro Mercantil de Barcelona que le remita copia de la vida registral de Aizoon, inmobiliaria propiedad al 50% del duque y su esposa y a la que Urdangarin habría desviado casi 900.000 euros desde Nóos. Castro, como en el caso del instituto, quiere saber si la infanta participó en reuniones oficiales de esa compañía.
Una tercera diligencia afecta colateralmente a la infanta. El juez pide a Caixabank que informe de los movimientos desde el 2003 de la cuenta que Urdangarin facilitó a Corinna zu Sayn-Wittgenstein para que ingresara los pagos por trabajos para la fundación Laureus. Esa cuenta, según el sumario, es de titularidad del matrimonio.
En el mismo auto en el que ordena todas las diligencias para aclarar el papel de la infanta, el juez hace público su maratoniano calendario de interrogatorios, el mismo que le había solicitado Anticorrupción, para intentar poner el cierre a la instrucción cuanto antes. Serán 37 declaraciones, 35 testigos y dos imputados. Veinte personas han sido llamadas en Madrid y 17 en Barcelona entre el 18 y el 21 de marzo; aunque puede variar porque Castro no reparó en que el 18 es fiesta en Madrid. Ese día están citados los dos testigos de mayor renombre: José Manuel Romero, conde de Fontao, y el diputado y dirigente del PP Esteban González Pons.
Los dos únicos que declararán como imputados serán sendos testaferros de Urdangarin: Robert Cockx, el intermediario internacional acusado de llevar la operación del duque para evadir a Suiza dinero de los estudios a Aguas de Valencia. Y el hombre para todo del yerno del rey, Mario Sorribas. De absoluta confianza, es el apoderado de la inmobiliaria y uno de los máximos responsables de la fundación para niños discapacitados FDCIS, que relevó a Nóos.