Después de que los 17 magistrados hayan escuchado a las partes, el tribunal dará a conocer su sentencia en el plazo de varios meses
20 mar 2013 . Actualizado a las 15:02 h.El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó este miércoles la audiencia única sobre la doctrina Parot, en la que los jueces de su Gran Sala escucharon a las partes antes de dictar sentencia.
Los 17 magistrados de la Gran Sala del Tribunal reexaminaron la sentencia dictada en el 2012 contra España por la forma de aplicación de beneficios penitenciarios en relación con la miembro de ETA Inés del Río Prada y que el Gobierno español pidió revisar.
Tras la reunión de hoy de esta alta instancia judicial europea, en audiencia única, darán a conocer su decisión en el plazo de varios meses.
Después de la vista, las asociaciones de víctimas del terrorismo y los abogados de la presa de ETA Inés del Río, expresaron su optimismo sobre la decisión de los magistrados. «Salgo más esperanzada que cuando he llegado», dijo la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, tras concluir la vista en la que los magistrados del Tribunal de Estrasburgo escucharon los argumentos de las partes.
La presidenta de la AVT calificó de «brillante» la intervención del abogado del estado Isaac Salama, que realizó la exposición principal como representante del Gobierno, y situó en el polo opuesto a los abogados británicos contratados para la defensa de la demandante.
Pedraza acudió acompañada a la vista de la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, María del Mar Blanco, y del presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero.
Los tres representantes de las víctimas entregaron en el Tribunal de Estrasburgo las 10.000 firmas recogidas en España a favor de la aplicación de la «doctrina Parot».
Didier Rouget, uno de los abogados de la miembro de ETA que presentó la demanda en el 2009, se mostró optimista ante el fallo que en unos meses emitirá la Gran Sala de la Corte Europea, después de que la sentencia de Sala fallara el pasado mes de julio a su favor.
Su compañera en la defensa Amaia Izko, aseguró que estaba en juego la aplicación de los derechos humanos y «la calidad del estado español, que retuerce las leyes para conseguir objetivos políticos castigando a las presas y presos vascos».
El diputado de Bildu en el Parlamento Vasco, Oskar Mature, señaló que el Gobierno interpreta la política y la justicia «como una extensión de la política bélica y de ahí la arbitrariedad de la doctrina Parot».