Castro está decidido a imputarla, en contra de la opinión de Anticorrupción
01 abr 2013 . Actualizado a las 21:59 h.«Si hay que imputar a Cristina de Borbón, se le imputa». Son palabras textuales del juez del caso Nóos, José Castro, en el interrogatorio de la mujer de Diego Torres, Ana María Tejeiro, el pasado 16 de febrero. Es un secreto a voces desde hace semanas. El magistrado quiere poner el broche a la instrucción de este sumario con la imputación de la hija menor del rey. Castro, que mantiene desde hace años excelentes relaciones personales con el fiscal del caso, Pedro Horrach, ha abierto, no obstante, un duro enfrentamiento jurídico con él, quien se niega a citar a la infanta, siquiera como testigo, porque cree que con las pruebas que hay en los más de 12.000 folios del sumario sería imposible sostener una acusación contra ella por malversación de dinero público.
Si Castro persiste en su intención de citar a la infanta se va a encontrar con el recurso del ministerio público, según adelantan varios responsables de este departamento, que insisten en que «no ha habido órdenes de Madrid», de la Fiscalía General del Estado, y que la oposición a la imputación se basa en motivaciones «estrictamente jurídicas».
Suspender la cita
Un recurso de Anticorrupción a la imputación de Cristina no paralizaría el interrogatorio, pero el magistrado, explican responsables judiciales, «estudia seriamente» la posibilidad de, a modo de deferencia con la Fiscalía, suspender la cita y dejar en manos de la Audiencia Provincial la decisión de si la duquesa de Palma debe o no hacer el ya famoso paseíllo del callejón de los juzgados en Vía Alemania.
Los responsables de Anticorrupción, que admiten que quizás no se hubieran opuesto a la citación de la infanta al inicio de la instrucción basándose en su puesto como vocal del Instituto Nóos, insisten en que un año y medio de interrogatorios y diligencias no han aportado «indicios sólidos» para probar que la duquesa de Palma tomó «decisiones proactivas» para ayudar a Iñaki Urdangarin en la comisión de un delito. Algunos de los últimos correos electrónicos aportados por Torres, explican, podrían apuntar a que en algún momento pudo estar al tanto de los negocios de su marido, pero ese conocimiento o el hecho de que ella misma fuera beneficiaria de ese dinero supuestamente ilícito dista mucho de ser una prueba en la que basar una acusación.
Desde la Fiscalía recuerdan que en todo el sumario no hay un solo papel que pruebe que Cristina de Borbón estuviera en el día a día de los trabajos en el Instituto Nóos o el enjambre de empresas que rodeaban esa institución o que controlara las cuentas de estas firmas, como sí hacía Ana María Tejeiro.
Castro, por su parte, ya demostró que no le tiembla el pulso para imputar a un alto cargo de la Casa Real sin el apoyo de Anticorrupción. Ya lo hizo con Carlos García Revenga, el secretario de las infantas, al que llamó a declarar sin que lo pidiera el fiscal. El juez, también sin el respaldo del ministerio público, ordenó que Hacienda investigara si la infanta pudo acogerse a la amnistía fiscal.
Acumulación de indicios
El magistrado comparte algunos de los argumentos de Anticorrupción, pero considera que la acumulación de tantos indicios, aunque sean débiles, hacen imprescindible el interrogatorio de Cristina de Borbón. Pero citarla como testigo sería poco garantista para ella.
La acumulación de indicios que apunta el juez recoge todo tipo de pruebas. Las primeras son la última tanda de e-mails de Torres, en los que el yerno del rey pone al día a su mujer en algunos de sus negocios de Nóos. Otros correos ya apuntaron a la supuesta intervención de la duquesa de Palma para engrasar gestiones de su esposo al frente del polémico instituto o de la fundación de niños discapacitados, como hizo para intentar sacar adelante la presencia de un segundo sindicato español de vela en la Copa América.
Al margen de los correos, Castro también valora otras pruebas, como el hecho de que sea la única de los cinco miembros de la junta directiva de Nóos que no está imputada; que fuera la copropietaria de la inmobiliaria Aizoon, presuntamente usada por Urdangarin para desviar cerca de un millón de dinero público a su bolsillo; que ella aprobara las cuentas anuales de esa firma; que fuera la primera titular de la cuenta que abrió Aizoon; o que girara facturas contra esa mercantil por valor de 600 y 700 euros semanales como si fuese un proveedor más.