El plan del Gobierno para reformar la Administración Pública, que será presentado antes de finalizar junio, prevé simplificar la estructura administrativas, eliminar duplicidades, mancomunar servicios y reformar la administración institucional
12 may 2013 . Actualizado a las 20:26 h.«Han funcionado muy bien en tiempos de bonanza. Ahora se trata de hacer unas administraciones públicas que sepan dar respuesta a los ciudadanos en tiempos de crisis». Con esas palabras, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, daba el pistoletazo de salida a la reforma de la Administración Pública.
Era el 7 de noviembre del 2012. Desde entonces, de los trabajos encomendados a la comisión que se constituyó aquel día, poco ha trascendido. Bien es cierto que, en su primera fase, que concluyó el pasado 30 de marzo, la comisión se proponía únicamente recopilar, analizar y tratar la información. El informe, ya con propuestas concretas y un calendario de implantación de las medidas, deberá estar listo antes del próximo 30 de junio.
¿Por dónde, presumiblemente, van los tiros? Fundamentalmente, de acuerdo con el programa nacional de reformas remitido a Bruselas, en cuatro direcciones: la simplificación administrativa, la supresión de duplicidades, la mejora en la gestión de servicios y medios comunes, y los retoques en la administración institucional.
Cuestión de tamaño
¿Está sobredimensionado el sector público español? ¿Resulta excesivo el nivel de gasto público? ¿Sobran funcionarios? La respuesta a tales preguntas está condicionada por dos factores: la perspectiva del enfoque que se adopte en materia de política económica y la existencia de una crisis que ha provocado un fuerte desequilibrio en las cuentas públicas. Los paladines del Estado mínimo apostarán, en todo lugar y en todo tiempo, por una drástica reducción del gasto. Los defensores del Estado del bienestar mantendrán la posición contraria. Pero incluso estos últimos deben responder a una segunda cuestión: admitiendo que el gasto público es relativamente bajo, en comparación con los países de nuestro entorno, ¿resulta sostenible y compatible con la brutal caída de los ingresos?
Veamos algunos datos. El gasto público en España alcanzó el año pasado el 47 % del PIB, casi tres puntos por debajo del promedio de la eurozona. Ese porcentaje, además de ser más bajo, está inflado por el gasto en prestaciones por desempleo y los intereses de la deuda, como recordaba el economista Manuel Lago el pasado viernes.
En el envés, los ingresos públicos en España con respecto al PIB -presión fiscal- se reducen al 36,4 %. Casi diez puntos por debajo de la media de la eurozona. La diferencia con algunos países socios llega a ser escandalosa: 8,8 puntos menos que Alemania, 11,3 puntos menos que Italia o 15,3 puntos menos que Francia. Y no tanto porque las tarifas de los impuestos sean más reducidas, sino por la enorme bolsa de fraude incrustada en el subsuelo de la economía española.
Dos conclusiones se extraen de esos datos. Uno: la dimensión del sector público español es notablemente inferior a la que sostienen los países socios. Y dos: la reforma fiscal debería preceder, en el orden de prioridades, al recorte del gasto público y de la Administración.
Las estadísticas, cualquiera que sea la fuente utilizada -OCDE, OIT, Eurostat-, no avalan la impresión generalizada de que España es un país rebosante de funcionarios. Ni mucho menos. En el 2012 había 2,917 millones de empleados -aproximadamente dos millones de funcionarios y un millón de contratados laborales y eventuales- en el sector público, cifra equivalente al 12,7 % de la población activa. El promedio en el conjunto de los 34 países que integran la OCDE se eleva al 15 % de los activos.
Eurostat corrobora que la plantilla de las administraciones públicas españolas no está sobredimensionada. Según esa fuente, que no incluye al personal educativo, sanitario y de servicios sociales -lo incluye en otros epígrafes-, cifra en 1.298.300 los asalariados al servicio del sector público, lo que supone un 2,8 % de la población española y un 9,2 % del conjunto de trabajadores españoles por cuenta ajena. Los datos concluyen que, en términos relativos, proliferan más los empleados públicos en Alemania -uno por cada 29 habitantes- o en Francia -uno por cada 27 habitantes- que en España, donde, sin contabilizar a profesores y médicos, la proporción es de uno por cada 36 habitantes.
Si en el cómputo incluimos a todo el personal dedicado al servicio público, España se convierte, después de Austria, Portugal e Italia, en el país con la Administración más austera de toda la Unión Europea: un empleado por cada 16 habitantes. En el extremo opuesto, reflejo del mayor desarrollo del Estado del bienestar, figuran tres países nórdicos: Dinamarca, Suecia y Finlandia.
Bien es cierto que, durante los últimos cinco años, mientras la crisis arrasaba millones de puestos de trabajo en el sector privado, el empleo público no ha disminuido en España, a diferencia de lo sucedido en otros países de la Unión Europea. Creció durante el primer trienio de crisis y descendió en los dos últimos años, hasta situarse en el 2012 en 2,9 millones de empleados, la misma cifra del 2007.
Mejora de la eficiencia
Uno de los objetivos confesos de la reforma consiste en mejorar la eficiencia de la Administración. A través de una doble vía. Primero, mediante la exigencia de mayor dedicación y esfuerzo por parte de los servidores públicos. En palabras de la vicepresidenta del Gobierno, «tenemos que hacer mucho más con mucho menos». Y en segundo lugar, mediante la modernización de la estructura administrativa, la eliminación de trabas burocráticas y la supresión de duplicidades.
¿Trabajan poco los funcionarios? Desde el decimonónico «vuelva usted mañana» de Larra hasta la imagen tópica del burócrata enfrascado en la quiniela y el cafelito, los empleados públicos han tenido que soportar diversos sambenitos. Tópicos a menudo injustificados que, probablemente, tienen su origen en un cierto desdén o desprecio de la función pública y en el predominio de teorías que ponen el acento en los fallos del sector público y corren un tupido velo sobre los clamorosos fallos del mercado.
Pero existe un problema añadido a la hora de evaluar la productividad del trabajador al servicio de las administraciones públicas: la vara de medir. Los baremos aplicables a una empresa mercantil no sirven para medir la eficiencia de la Administración. Y a falta de una unidad de medida incontrovertible, el tópico se impone.
Existe, no obstante, un amplio espacio para la mejora de la eficiencia y el ahorro de recursos. Desde la supresión de instituciones redundantes hasta la eliminación de duplicidades o triplicidades.
Duplicidades y redundancias
Por circunscribirnos al ámbito gallego, hay diputaciones provinciales que gestionan -o gestionanban hasta hace poco- un equipo de baloncesto profesional, varios hospitales, una productora y un centro de enseñanza audiovisual o una banda de gaitas. Es decir, con competencias o atribuciones en materias de sanidad, educación, deporte y cultura. En todas esas esferas algo tiene que decir la comunidad autónoma. Y también la Administración central, donde existe un Ministerio de Cultura vacío de contenido, más allá de la gestión de cuatro o cinco museos de carácter nacional, o un Ministerio de Vivienda cuya principal función consiste en financiar las competencias que pertenecen a la comunidad autónoma.
Al mismo tiempo, los ayuntamientos, estrangulados financieramente, se quejan reiteradamente por tener que asumir lo que llaman «gastos impropios en la administración local». Alegan que, en este caso, no existen duplicidades: simplemente tienen que cubrir lagunas dejadas por las administraciones que supuestamente son las competentes en esas materias.
Basten esos ejemplos para resaltar la magnitud de solapamientos que, además de generar descoordinación y distorsionar el funcionamiento de los servicios, supone un notable dispendio de recursos. Hay competencias duplicadas, triplicadas o cuadriplicadas. Hay competencias ejercidas «impropiamente». Pero, a mayores, existen también instituciones redundantes o instituciones que incluso, al menos en su diseño actual, pueden ser suprimidas sin menoscabo del régimen democrático.
Y a todo ello debe dar respuesta la reforma de las administraciones públicas en marcha, bajo el principio de «una administración, una competencia».