Quiere más ayudas para I+D, obra hidráulica, turismo y desarrollo rural. Otros cuatro presidentes populares rechazan el trato de favor hacia la Generalitat
15 may 2013 . Actualizado a las 11:17 h.En su singladura rumbo al déficit a la carta, a bordo del barco del PP ayer al capitán Rajoy se le amotinaron varios barones. Otra vez. Por la banda de estribor, por el lado de babor, a popa... Y hasta en el puente. En su estrategia de, a cambio de contraprestaciones tangibles, tragar con el posible trato preferente a Cataluña en una probable relajación de los límites de gasto, el presidente de la Xunta decidió avanzar un nuevo paso. De manera implícita, Alberto Núñez Feijoo reclamó públicamente para Galicia mayor y mejor acceso a las líneas de ayudas de cofinanciación estatal. En particular, quiere para la Xunta, por hacer en casa los deberes presupuestarios mientras algunos faltan a clase, primera línea en el reparto de financiación para obras hidráulicas, fomento del turismo, desarrollo rural e impulso del I+D+i, entre otros frentes.
A eso se refería ayer el jefe del Ejecutivo, según su entorno, cuando, a preguntas de la prensa sobre este asunto, espetó: «Si hay generosidad para el cumplimiento del déficit, tiene que haber generosidad para que en determinados fondos estatales tengan prioridad aquellas comunidades que estamos cumpliendo el déficit y que no estamos siendo un problema para el Estado». ¿Y a partir de qué cantidad se sentiría desagraviado el mandatario popular? Hasta ahí, por ahora, no ha llegado. No es momento, opina, de sacar la calculadora. Todavía.
«No se ha entrado a cuantificar. Eso se deja al criterio del Gobierno [central], si acepta nuestra propuesta», explican fuentes oficiales. Formalmente, el planteamiento consiste en, cada vez que se asignen planes de ayudas, aplicar «discriminación positiva» a aquellas autonomías que, como Galicia, se sujetan a los objetivos de déficit: 1,5 % del PIB regional el año pasado y 1,2 en el presente. Se trata de algo similar a lo que la Xunta ya viene realizando en su ámbito competencial, donde, para la entrega de subvenciones, veta a concellos que no rinden en tiempo y forma ante el Consello de Contas y, entre los que sí declaran, prima a los «más rigurosos y eficientes», que es como llama a los que cooperan entre ellos.