La hija del rey niega cualquier relación con los trece inmuebes que le atribuye Hacienda y los supuestos compradores también la desvinculan
16 jun 2013 . Actualizado a las 11:37 h.¿Puede la Agencia Tributaria meter tanto la pata como para adjudicar a la mismísima hija del rey un patrimonio de trece propiedades inmobiliarias por toda España que nunca han tenido nada que ver con ella? ¿Es posible que, de tratarse de un inmenso error, como sostiene Zarzuela, en casi una década ni Hacienda ni la Casa Real se hayan percatado de ese desaguisado? ¿Cómo la Administración no advirtió que la infanta Cristina no había tributado por la venta de esas propiedades si estas eran de su propiedad, tal y como atestiguan los archivos de la Agencia Tributaria?
Desde que se ha sabido que la Agencia Tributaria ha informado al juez del caso Nóos, José Castro, de que la duquesa de Palma vendió entre el 2005 y el 2006 esas treces propiedades por las que se habría embolsado 1.435.603 euros, los portavoces de la infanta han puesto el grito en el cielo. Sin matices han asegurado por activa y por pasiva que la información facilitada por Hacienda es absolutamente errónea y que nunca la hija del rey ha tenido la más mínima relación de propiedad o de cualquier otro tipo con esos pisos, tierras y modestas fincas que se reparten en pueblos y casi desconocidas pedanías de Barcelona, Alicante y Ciudad Real.
En la Agencia Tributaria, por su parte, no salen de su asombro y esperan que mañana, con los técnicos de vuelta al trabajo, se pueda zanjar la polémica. Mientras tanto, los expertos del fisco insisten en que los datos que se han enviado al titular del juzgado son simplemente el resultado de «dar al botón imprimir» los archivos ligados al nif de la infanta y que, en ningún momento, ha habido un «corta y pega» o «interpretación alguna» para adjudicar esas propiedades a Cristina de Borbón.
Desde Hacienda recuerdan que la información entregada al juez son simples «tablas desnudas» y que en esos mismos austeros listados sí que aparece correctamente anotada en el 2004 la «operación como adquiriente» del palacete de Pedralbes por un «valor de transmisión» de 5,8 millones de euros. «Quizás un viejo error informático que nunca se ha corregido», se atreven a vaticinar algunos técnicos, quienes, no obstante, insisten en su sorpresa por el hecho de que ese supuesto desliz no se haya localizado antes, sobre todo a la hora de exigir a la supuesta titular de esos bienes, Cristina de Borbón, que tributara por la venta de los mismos o justificara su reinversión.
También están perplejos los investigadores del caso Nóos, que jamás habían leído ni siquiera una referencia sobre estas fincas en los ya 20.000 folios de la pieza 25 del sumario.
Y, sobre todo, no salen de su asombro algunas de las personas que fueron compradores o vendedores de los inmuebles que la Agencia Tributaria adjudica a la infanta Cristina en las localidades alicantinas de Playa de San Juan (2) y Pilar de la Horadada (5), en el pueblo ciudadrealeño de Valenzuela de Calatrava (5) y en el municipio barcelonés de Calella (1). En Valenzuela de Calatrava, varios de los vecinos, involucrados en las ventas de las propiedades que el informe de Hacienda atribuye a la infanta negaron de manera categórica haber tratado en su vida con la hija de don Juan Carlos. En los registros de la Agencia Tributaria -según varias fuentes consultadas en Ciudad Real y Alicante- aparecen bien reflejados datos como el importe de las transacciones, las fechas y la localización de las fincas rústicas y urbanas, pero no las personas intervinientes. Desde luego, afirman varias de las personas que aparecen en los papeles de Hacienda, ellos no compraron esas propiedades a la infanta.