La exministra de Fomento se encuentra entre la veintena de cargos y excargos de la Junta de Andalucía imputados por la magistrada
02 jul 2013 . Actualizado a las 21:51 h.La jueza que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, Mercedes Alaya, ha imputado en la causa que tiene abierta a una veintena de cargos y excargos de la Junta de Andalucía, entre los que se encuentra la exconsejera de Economía y exministra de Fomento Magdalena Álvarez y al ex interventor general Manuel Gómez Martínez, según fuentes del caso.
La magistrada Ayala señala en su auto que Magdalena Álvarez fue la persona que dictó en el 2003 las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación para pagar ayudas sociolaborales, algo «absolutamente inadecuado». Las transferencias de financiación son «una figura absolutamente inadecuada para su uso como subvenciones sociolaborales», como recoge el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, subraya la jueza.
Vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones desde junio de 2010, Magdalena Álvarez fue ministra de Fomento en el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero entre el 2004 y el 2009 y consejera andaluza de Hacienda en el Ejecutivo de Manuel Chaves entre 1994 y el 2004. En el auto judicial comunicado a las partes, la juez también imputa a José Salgueiro, viceconsejero de Economía y Hacienda desde 1990 hasta el 2004, cuando fue nombrado consejero de Economía y Hacienda antes de presidir ese mismo año la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe).
La jueza Ayala destaca que estas prácticas permitían «la concesión de subvenciones al margen de su normativa reguladora» y sin la fiscalización previa de la Intervención, y por ello también imputa al sucesor de Lozano, Buenaventura Aguilera Díaz. Alaya considera que «ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas» que, por sus competencias, «habrían permitido este uso indebido de las transferencias de financiación» y el «dispendio continuado de fondos públicos».
Los nuevos imputados en el caso empezarán a declarar ante la juez el 25 de julio, y el primero de ellos será el ex interventor general de la Junta.
Durante la época de Álvarez se creó en la Consejería la Secretaría General de Hacienda, al frente de la cual se nombró a Antonio Estepa Giménez, que ha sido imputado.
Chaves alega a la presunción de inocencia
El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha defendido la inocencia de Magdalena Álvarez y ha dudado de que la jueza Mercedes Alaya cite también al actual jefe del Ejecutivo, José Antonio Griñán. Chaves era presidente de la Junta andaluza cuando Álvarez era consejera de Economía y Hacienda, cargo en el que la sustituyó Griñán, en el año 2004, cuando ella fue nombrada ministra de Fomento del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Chaves ha subrayado que la imputación «no significa absolutamente nada» ni tiene «ninguna implicación». «Yo estoy convencido de que cuando fue consejera de Hacienda no tuvo absolutamente nada que ver con el tema de los ERE», ha sentenciado.
Según ha dicho, no cree que la juez impute también a Griñán, que sustituyó a Magdalena Álvarez en el 2004 al frente de la Consejería de Economía y Hacienda. «No lo creo», se ha limitado a responder al ser preguntado si creía que el actual presidente de la Junta será llamado a declarar como imputado.
Otros imputados
En el mismo auto de la jueza Ayala que señala a Magdalena Álvarez se apunta también a los secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo entre el 2000 y el 2012: Juan Francisco Sánchez García, que comenzó el uso de las transferencias para pagar subvenciones; Javier Aguado Hinojal (2004-2008) y Lourdes Medina Varo (2008-2012).
Además, se imputa al exviceconsejero de Empleo entre el 2010 y el 2012 Justo Mañas y al interventor delegado en Empleo desde el 2008, Juan Luque. La juez imputa a los exviceconsejeros de Innovación Gonzalo Suárez y Jesús María Rodríguez Román; a los directores generales de IFA o IDEA (organismo que sustituye al anterior) Miguel Ángel Serrano, Jacinto Cañete, Antonio Valverde, Antonio Lara y Francisco Mencía, y a los directores de Finanzas del IFA Pablo Millán y Juan Vela.
En el auto, Alaya cita como imputado al abogado Carlos Leal Bonmati, que dirige el bufete sevillano Estudios Jurídicos Villasís y es el último de los imputados en la Operación Heracles de la Guardia Civil que aún no había comparecido.