La sentencia del Supremo pasó como un verdadero tsunami por la Fiscalía, la Audiencia de Palma y la cúpula de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía. Desde la óptica de los órganos con mayor protagonismo en la investigación de los hechos, la sentencia de la mayoría de la Sala de lo Penal -hay un voto discrepante del magistrado Alberto Jorge Barreiro, quien considera que debió condenarse al expresidente por los delitos de prevaricación y falsedad, aunque no por malversación ni tampoco por fraude- dinamitó las líneas maestras de las investigaciones en los últimos años, al rebajar las adjudicaciones a dedo, que el Supremo no pone en duda, a una simple irregularidad administrativa con una sanción penal mínima, lejos de los grandes delitos económicos y muy alejada de la de prisión, según informa Colpisa.
La trascendencia del fallo radica en que el alto tribunal echa por tierra en este primer juicio del macro sumario Palma Arena la tesis de Anticorrupción de que el Gobierno balear cometió un larguísimo rosario de delitos de prevaricación, malversación, falsedad y fraude en sus adjudicaciones públicas bajo el mandato de Matas, usando la contratación directa sin concurso para beneficiar continuamente a personas cercanas.
Tras conocer la sentencia del Supremo, Jaume Matas aseguró, en una rueda de prensa, que siempre ha creído que «el tiempo y la justicia pondrían las cosas en su sitio y que harían que la verdad se impusiera».