Alegan que fue tesorero del PP y que trató como ministro con donantes
22 jun 2014 . Actualizado a las 15:27 h.El próximo objetivo de las acusaciones populares que consiguieron la apertura del caso Bárcenas con su querella del pasado febrero es lograr la imputación de Francisco Álvarez-Cascos. Según han informado diferentes fuentes del proceso, Izquierda Unida y los otros colectivos que denunciaron al extesorero reclamarán en septiembre al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que encause al exvicepresidente del Gobierno y ex secretario general del PP en esta pieza separada del sumario Gürtel, después de que él mismo reconociera en su interrogatorio del pasado día 13 que durante casi tres años, entre 1990 y 1992, ejerció de tesorero del partido. Si el magistrado viera indicios suficientes contra el también exministro de Fomento, no podría imputarlo directamente, porque es aforado ante el Tribunal Superior de Asturias por ser parlamentario autonómico del Principado
Ruz, sin tener que inhibirse de todo el sumario, podría elevar una exposición razonada a esa sede judicial para que decidiera si debe o no ser acusado formalmente en una pieza desgajada del caso Bárcenas. Las acusaciones apuntan contra el expresidente asturiano porque, según explicó el propio Álvarez-Cascos en la Audiencia Nacional, compaginó el cargo de tesorero con el de secretario general de los populares de forma interina entre la salida de Rosendo Naseiro -después de que este fuera inhabilitado en 1990 tras ser detenido e imputado por la financiación ilegal del PP- y la llegada a la caja del partido de Álvaro Lapuerta, el antecesor en el cargo de Luis Bárcenas.
Una situación de interinidad que también ocupó durante ocho meses María Dolores de Cospedal, quien, ya siendo secretaria general, fue la responsable de la tesorería del PP desde la dimisión de Bárcenas, el 28 de julio del 2009, hasta la designación, el 8 de abril del 2010, para ese cargo de José Manuel Romay Beccaría, hoy presidente del Consejo de Estado.
Los letrados de Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, la Asociación Libre de Abogados, la asociación Justicia y Sociedad y la Federación Los Verdes preparan ya la petición de imputación del exministro, quien estuvo al frente de la secretaría general del PP entre 1989 y 1999, el período más largo que alguien ha ocupado ese puesto. La demanda de las acusaciones, señalaron fuentes del proceso, se fundamentará en el hecho de que Álvarez-Cascos, durante el interrogatorio, insistió en que el control de las donaciones anónimas de empresarios era un asunto que escapaba de la secretaría general porque dependía en exclusiva del tesorero.
Los letrados de la acusación alegarán, además, que la imputación de Álvarez-Cascos es una cuestión de «coherencia sumarial», ya que las otras personas que ocuparon la tesorería del PP durante el período que abarcan los papeles de Bárcenas, es decir de 1990 al 2008, están ya encausadas en esta pieza separada por las supuestas donaciones irregulares y la presunta contabilidad B en el partido, y no son otras que el propio Bárcenas y su antecesor, Álvaro Lapuerta.
Apuntes comprometedores
En los papeles de Bárcenas, los años de Álvarez-Cascos al frente de la secretaría general y de la tesorería están plagados de apuntes supuestamente irregulares. En algunos de esos documentos, tuvo la responsabilidad de ser el recaudador de donaciones, un papel que no jugaron ni Arenas ni De Cospedal. Siempre según Bárcenas y sus manuscritos, depositó en la caja B del partido seis partidas de dinero por valor de 47 millones de pesetas que, a su vez, empresarios anónimos le habían dado a él. Además, aparece como uno de los mayores perceptores de supuestos sobresueldos en B, con cerca de 412.000 euros.
Las acusaciones destacan que, ya como ministro de Fomento, entre abril del 2000 y abril del 2004, se reunió en su despacho con la práctica totalidad de los ocho empresarios a los que el juez ha imputado por haber donado al PP, entre el 2003 y el 2008, dinero fuera de los cauces legales.