Jueces, fiscales, abogados, alcaldes y fuerzas políticas rechazan suprimir partidos judiciales. El anteproyecto de ley supondría la desaparición de 41 de los 45 partidos judiciales gallegos
07 may 2014 . Actualizado a las 17:31 h.Gallardón está alumbrando consensos insólitos, pero en su contra. La apuesta por la «completa provincialización de la Justicia» que defiende el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, y que supondría liquidar 41 de los 45 partidos judiciales de Galicia, ha provocado el rechazo de todos los estamentos profesionales, sociales y políticos. Jueces, fiscales, abogados, empresarios, partidos políticos y el municipalismo en pleno se revuelven contra una reforma que tampoco satisface al Ejecutivo de Feijoo, pese a que mantiene una posición más tibia.
El borrador que el Consejo de Ministros aprobó hace un mes es una bomba de relojería. Si prospera tal como está redactado, ese nuevo marco normativo dará un vuelco al mapa judicial. De los actuales partidos judiciales se pasará a los tribunales provinciales de instancia, con lo que Galicia solo conservaría uno por provincia. De este modo, Vigo, Santiago, Ferrol, Ourense, Pontevedra y Lugo se quedarían de un plumazo sin partidos judiciales, pese a la elevada litigiosidad que atienden sus juzgados. El caso más sangrante es el de Vigo, que en el 2012 fue la décima ciudad española que atendió más casos (87.636). La alternativa que se le ofrece es convertirse en sede delegada de un tribunal provincial que estaría en una ciudad, Pontevedra, con una población y un volumen de asuntos despachados mucho menor (18.601). En una tesitura similar quedaría Santiago. La capital gallega, que atiende 32.859 casos al año, perdería también la sede de la Audiencia Provincial. Y el impacto sería aún más demoledor en los núcleos rurales, cuyos vecinos tendrían que desplazarse en algunos casos cientos de kilómetros para acceder a la Justicia.
Por estas y otras razones, la judicatura se rebela contra la reforma de Alberto Ruiz-Gallardón. Critica que el ministro ofrece un profundo retroceso a un sector que lleva años demandando avances, con un refuerzo de salas y de profesionales que alivie unos juzgados que en muchas ciudades bordean el colapso. El rechazo es pleno. El Consello da Avogacía Galega ya denunció que la reforma representa otro palo en la misma rueda, «un fito máis no camiño emprendido polo Goberno para afastar ao cidadán da Xustiza». También los decanos de los colegios de abogados han alzado la voz. Incluso los que entienden que la reforma de la planta judicial es necesaria apostillan que las cabeceras de los partidos judiciales no deben desaparecer.
En el plano político, el anteproyecto de Gallardón ha suscitado en Galicia el mismo rechazo unánime que ya concitó la reforma local de Montoro. Como entonces, el municipalismo gallego ha cerrado filas «sen importar a cor política» para advertir que no aceptarán «de ningunha maneira» una reforma que los alcaldes entienden que puede mermar un derecho constitucional como el de acceso a la Justicia. El presidente de la Fegamp, José Manuel Rey, aplaude que, además de los colectivos profesionales del ámbito judicial, también el Gobierno autónomo se opone. «Alívianos saber que a Xunta demanda cambios», manifestó.
Y lo hace, pero sin ruido. Como hizo con la reforma local de Montoro o la regulación energética de Soria, el Ejecutivo de Feijoo prefiere acomodar sus discrepancias en un discurso conciliador. Considera que la reforma es necesaria, pero sostiene que debe preservar los partidos judiciales de las siete ciudades y atender las «peculiaridades» de una comunidad con una elevada dispersión poblacional.