Además, actuó sin verificar antes las denuncias del CNI y de la Moncloa
25 nov 2014 . Actualizado a las 09:08 h.La extraña detención, el 14 de octubre, del pequeño Nicolás en el centro de Madrid por agentes del grupo IX de la unidad de Asuntos Internos de la policía se envuelve cada vez en una bruma más intensa. Según diversos responsables de este cuerpo, la Dirección General de la Policía aceptó la petición del Centro Nacional de Policía (CNI) de practicar el arresto de Francisco Nicolás Gómez Iglesias sin investigarlo previamente y sin tener indicios, más allá de las supuestas pruebas aportadas por los servicios secretos (que no tienen competencia judicial en España), de que el joven había incurrido en los delitos de «estafa, falsificación documental y usurpación de funciones públicas».
Unos ilícitos -coinciden todas los mandos policiales consultados- que serían de competencia exclusiva de la brigada provincial de policía judicial de Madrid, con independencia de que las «funciones usurpadas» fueran de altas jerarquías y, en ningún modo, de la Asuntos Internos. Ayer, el ministro del Interior intentó justificar la anómala intervención de esta unidad en la detención del supuesto farsante, a pesar de que, según los estatutos que él mismo aprobó el año pasado, Asuntos Internos solo puede investigar a funcionarios de policía involucrados en ilícitos. «El hecho de que fuese Asuntos Internos es porque, precisamente en función de las atribuciones que (el Pequeño Nicolás) a sí mismo se daba, que eran manifiestamente falsas y que tenían que ver con altas instituciones del Estado y con la seguridad del Estado, es por lo que se consideró que una unidad como Asuntos Internos era la más idónea», apuntó Jorge Fernández.
Pero las explicaciones del titular de Interior no tienen ningún amparo legal. La orden interna 28/2013 por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y periféricos de la Dirección General de la Policía es clara. A la unidad de Asuntos Internos le «corresponde investigar y perseguir las conductas funcionariales constitutivas de infracciones penales y aquellas otras contrarias a la ética profesional de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de los funcionarios destinados en el centro directivo». Ni una sola mención a la posibilidad de indagar o detener a personas que no tengan relación con la policía.
El propio ministro admitió que fueron los servicios secretos los que instaron a la detención de Gómez Iglesias. «La policía recibió denuncias de Moncloa y del CNI porque habían tenido conocimiento, también lo teníamos en Interior, de que esa persona se estaba atribuyendo unas competencias, unas relaciones con las instituciones, que podían ser constitutivas de un delito de usurpación de funciones. Por eso, con una unidad de la policía, y concretamente Asuntos Internos, se procedió a su detención y puesta a disposición judicial», señaló el ministro, quien recordó que las declaraciones de Gómez han sido desmentidas por hasta siete organismos. «Me parece que basta y sobra con eso», zanjó.