Rechaza, entre otros, al extesorero popular Álvaro Lapuerta y el del supuesto número dos de la trama, Pablo Crespo
09 ene 2015 . Actualizado a las 07:43 h.El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rebajado a 42 el número de acusados que se sentarán en el banquillo en el primer juicio del caso Gürtel, que abarca las actividades de la trama corrupta entre los años 1999 y 2005, al retirar la imputación al supuesto intermediario Enrique Carrasco Ruiz de la Fuente por la prescripción de los delitos que se le atribuían.
En un auto dictado ayer, el magistrado rechaza, en cambio, otros catorce recursos de reforma presentados por otros acusados, entre ellos el del extesorero popular Álvaro Lapuerta y el del supuesto número dos de la trama, Pablo Crespo. Tras ser rechazados por Ruz, estos recursos serán analizados por la sección cuarta de la Sala de lo Penal junto a los de otros quince acusados que recurrieron directamente en apelación, como Luis Bárcenas, Francisco Correa y Jesús Sepúlveda.
En relación con el recurso de Lapuerta, que alegó las «alteraciones neuropsíquicas y el deterioro cognitivo» que sufre debido a su avanzada edad (87 años), Ruz señala que será al inicio del juicio oral cuando se produzca «el examen del eventual deterioro» de sus facultades, a través del «oportuno dictamen médico forense, para determinar si procede el archivo de las actuaciones».
No es magistrado sustituto
En su escrito, el juez rechaza también que su situación de interinidad afecte a la instrucción del caso. Respondía así al recurso de Crespo, que alegó que la condición de «magistrado sustituto» del instructor vulneraba su derecho a ser investigado por un juez ordinario, Ruz recuerda que se encuentra «en comisión de servicio con relevación de funciones». Es, recuerda el juez, «un régimen absolutamente dispar a aquel sobre el que se pretende hacer valer el motivo de impugnación».
El juez imputa indiciariamente a las 42 personas que se sentarán en el banquillo delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, estafa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.