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La Guardia Civil, en una operación tutelada por el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell y Fiscalía Anticorrupción, ha registrado desde la mañana de este viernes y durante ocho horas la sede central de CDC (Convergencia Democrática de Cataluña), situada en la calle Córcega de Barcelona, y la sede de la Fundació CatDem (Fundació Catalanista i Demòcrata), vinculada estrechamente al partido liderado por Artur Mas. En la orden de registro de CatDem se incluye el despacho que el administrador Andreu Viloca tiene en la sede de CDC, donde también ejerce como responsable de finanzas del partido.
Según fuentes cercanas al caso, durante el registro, dirigido por los fiscales Anticorrupción Fernando Bermejo y José Grinda y que ha concluido a las 17.35 horas, se han incautado varias cajas con documentación además de varios ordenadores.
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Los agentes también están recabando información de los consistorios de Lloret de Mar y Figueres (Gerona) y Sant Celoni y Sant Cugat del Vallès (Barcelona), en todos los casos por delitos contra la administración pública, además de en la casa del extesorero del partido Daniel Osàcar.
Alrededor de las 10 de la mañana, la Guardia Civil ha llegado al ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, según han explicado fuentes del consistorio a Efe, y los agentes se han llevado «documentación administrativa» municipal. También la Guardia Civil ha requisado el expediente de contratación de la construcción del edificio de Sax Sala de San Celoni, obra realizada en el 2009 por la empresa Teyco, según ha explicado a Efe el propio alcalde de la ciudad, Francesc Deulofeu (CiU). Asimismo, y según ha informado la alcaldesa de Figueres, Marta Felip, agentes de la Guardia Civil, acompañados de un secretario judicial, han acudido a la sede de este consistorio poco después de las 10.00 horas y han abandonado tres horas después, con cuatro cajas precintadas con documentación relativa a un contrato del 2009 por valor de 1,7 millones de euros adjudicado a Teyco para construir una piscina cubierta, cuando era alcalde el ahora conseller Santi Villa.
Daniel Osàcar, administrador de la Fundación CatDem. ALBERT OLIVÉ | EFE
La empresa Teyco, propiedad de la familia Sumarroca (amigos íntimos de los Pujol y fundadores de Convergència), habría pagado un 3 % de comisiones a cambio de recibir adjudicaciones públicas. La operación, bautizada como Petrum II, se encuentra bajo secreto de sumario y está previsto que durante el día se practiquen otros registros en Barcelona y Gerona.
La constructora sin embargo ha negado a través de un comunicado ese pago de comisiones y ha asegurado que ninguna de las aportaciones que ha hecho a fundaciones de partidos han tenido «fines ilícitos».
«Las aportaciones se realizaron de forma legal y transparente, acorde a todos los mecanismos de control y límites que establece la ley y fueron motivadas por la sensibilidad de la empresa», ha expuesto la constructora.
En cuanto a los registros realizados este viernes, la empresa ha alegado que la causa se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que desconoce «los motivos en los que el juez se ha basado para ordenarlos ni cómo se ha relacionado a Teyco con ellos».
La constructora ha defendido que «no existe nada que pueda establecer una vinculación de esta actuación judicial con la empresa ya que nunca ha pagado comisiones» y ha sentenciado que cualquier afirmación en este sentido es especulativa.
A raíz de la documentación intervenida tras las detenciones de la familia Sumarroca, la Guardia Civil halló indicios de supuestos pagos de estos ayuntamientos investigados a la fundación Catdem del 3 % del valor de las adjudicaciones.
Rull denuncia el «espectáculo mediático»
El coordinador general y número dos de CDC, Josep Rull, ha denunciado el «espectáculo mediático» y ha lamentado que la Fiscalía haya querido «entrar en campaña antes de hora» para «interferir» en el proceso soberanista catalán.
El dirigente convergente ha negado que existan comisiones irregulares y ha explicado que Teyco ha hecho en el pasado aportaciones «claras, transparentes y reconocidas» a CDC que el propio partido no tiene «ningún tipo de dificultad en hacerlas públicas».
«Alguien ha querido entrar en campaña antes de hora»Josep Rull
Rull ha asegurado que están «comprometidos con la justicia y la transparencia», pero ha denunciado que la actuación policial ha sido conocida antes por los medios de comunicación que por la parte afectada, por lo que, a su juicio, «el objetivo es buscar un espectáculo mediático antes de unas elecciones trascendentes» como las catalanas del 27S, con el fin de «generar un estado concreto de opinión» en el proceso soberanista.
«Alguien ha querido entrar en campaña antes de hora. Sabemos desde el 9N cómo actúa la Fiscalía. La espectacularidad (de los registros) deja claro el objetivo», ha añadido Rull.
Caso Torredembarra
De confirmarse estos hechos, la Fiscalía vería corroboradas las sospechas incluidas en la pieza separada número 3 del caso Torredembarra sobre los nexos entre el alcalde del municipio Daniel Masagué y la financiación irregular de CDC.
La Audiencia de Tarragona acordó el pasado 11 de agosto dejar en libertad con cargos, con una fianza de 600.000 euros, al exconsejero delegado de la constructora Teyco Jordi Sumarroca, que permanecía encarcelado desde el 24 de julio, tras su detención en una operación contra la corrupción y el blanqueo.
El juez de instrucción dejó al día siguiente en libertad con cargos a Joaquim y Susanna Sumarroca, aunque como medida cautelar les retiró los pasaportes. Además, el juez también dejó en libertad con cargos a Daniel Massagué -e incluso denegó la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que le impusiera una fianza de 15.000 euros para eludir el ingreso en prisión- y a un asesor fiscal de Calella de Palafrugell (Girona), Marià J.P., que también fue arrestado.
La investigación se inició a raíz de la adjudicación a Teyco del aparcamiento de Filadors en Torredembarra, licitado en 2009, cuando esta localidad tarraconense estaba gobernada por Massagué, entonces en CDC, aunque se dio de baja del partido a raíz de su imputación por el caso Efial.
Las pesquisas se centran en saber el origen de los 1,4 millones de euros que supuestamente cobró Massagué de la familia Sumarroca y que se formalizaron a través de siete sociedades distintas hacia dos empresas del exalcalde, Maes Panaderos y la inmobiliaria Daloi.
Teyco defendió tras las detenciones la legalidad de sus contratos con Massagué, al sostener que no suponían ni un intercambio de favores ni comisiones.
Alejandro García | EFE
Jordi Sumarroca está imputado desde junio de 2014 por su presunta relación con el caso Efial de supuesta corrupción en el Ayuntamiento de Torredembarra, por el que ya fueron detenidos el 26 de junio del pasado año el entonces alcalde Daniel Massagué y seis concejales.
La familia Sumarroca, copropietaria de uno de los principales grupos constructores de Cataluña adjudicatarios de obra pública, ha estado históricamente vinculada a la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, con la que han compartido negocios, amistad y afinidades políticas desde la creación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).
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