El director de la Policía no descarta que los pinchazos al ministro los hicieran agentes
ESPAÑA
Temor en Interior a que la judicialización del caso de las escuchas desemboque en una nueva guerra interna en el cuerpo
12 jul 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El director general de la Policía no pone, ni mucho menos, la mano en el fuego por sus policías en el asunto de las grabaciones subrepticias al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y al ya exdirector de la Agencia Antifraude catalana Daniel de Alfonso. Ignacio Cosidó no se atrevió ayer a descartar de manera tajante que sus policías estén detrás de aquellos pinchazos que se registraron en el despacho de Fernández en octubre del 2014 y que se hicieron públicos en vísperas de las pasadas elecciones generales. «La Policía Judicial cuando investiga un caso apunta cualquier hipótesis, cualquier posibilidad» por «muy improbable» que esta parezca a priori, fue la lacónica respuesta del máximo responsable del Cuerpo Nacional de Policía cuando fue interpelado directamente por la posibilidad de que fueran agentes de la institución los que grabaron las reuniones entre Fernández y De Alfonso, en la que ambos conspiraban para buscar pruebas contra políticos soberanistas.
Cosidó, en una de las pocas apariciones públicas tras estallar el escándalo de las grabaciones, se limitó a reclamar «paciencia» porque, recordó, el cuerpo mantiene abierta una investigación interna para conocer en qué circunstancias se hicieron las grabaciones y, sobre todo, quién está detrás de estas escuchas y de su distribución. Esa investigación interna a la que hizo referencia Cosidó está siendo muy cuestionada el seno de la propia policía por lo «inusual» de la misma, según denuncian altos mandos del cuerpo. Veinte días después de la filtración, las pesquisas siguen sin judicializarse. Ni el ministro ni De Alfonso han denunciado penalmente los hechos por un delito contra la intimidad. Tampoco la Fiscalía, que desde el pasado 30 de junio tiene en su poder las cintas ha decidido si promueve una investigación por revelación de secretos. El ministerio público ni siquiera ha decidido qué hacer con la querella presentad por ERC pocos días después de la filtración sobre estos mismos hechos.
La falta de control judicial, explican mandos del cuerpo, ha imposibilitado hasta ahora que los agentes puedan, entre otras cosas, realizar pinchazos de sospechosos, llevar a cabo registros o intervenir correos electrónicos.
Jubilación el domingo
Además, los sectores policiales más críticos con los actuales responsables de Interior vienen denunciando desde hace días que esa investigación interna ha sido encargada a una de las personas más cercanas a la «cúpula política del PP», el comisario de Policía Judicial, José Santiago Sánchez Aparicio, a pesar de ese se jubila el próximo domingo. Por ahora, los agentes se han limitado a hacer un barrido en busca de micrófonos en la sede del Ministerio del Interior y algunas entrevistas, a falta de tener autorización judicial para ir más lejos.
Algunos de los máximos responsables de Interior y de la Policía no ocultan su temor a que la judicialización de esta investigación abra, una vez más, la caja de los truenos en la institución, como ha ocurrido con el caso del Pequeño Nicolás por la insistencia del juez que lleva el sumario, Arturo Zamarriego, de llegar hasta el final, imputando incluso al caudillo de uno de los dos frente abiertos en la Policía, el controvertido comisario de Asuntos Especiales José Villarejo. Si a un juez con el perfil de Zamarriego, que no ha dudado encargar la investigación sobre el falso agente del CNI a la parte más crítica con la actual cúpula policial, le cae el caso de las escuchas podría «alentar» otra «guerra intestina y pública en el cuerpo», admiten desde Interior.