El silencio de Correa pone en un aprieto a los acusados en el juicio de Gürtel

mateo balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Noventa minutos escuchando los cargos. La secretaría del juzgado de la macrocausa de la Gürtel empleó ayer hora y media de la sesión matinal para leer los nombres de los 37 procesados, los cargos que se les imputan y las penas que se solicitan para ellos.
Noventa minutos escuchando los cargos. La secretaría del juzgado de la macrocausa de la Gürtel empleó ayer hora y media de la sesión matinal para leer los nombres de los 37 procesados, los cargos que se les imputan y las penas que se solicitan para ellos. Chema Moya | EFE

Ofrece colaboración al tribunal y no respalda las peticiones de nulidad de las defensas

05 oct 2016 . Actualizado a las 08:22 h.

El macrojuicio de la primera época del caso Gürtel, referido a las actividades de 1999 al 2005 llevadas cabo por el entramado societario creado por Francisco Correa para servir al Partido Popular, comenzó con sorpresas. Y también con un ligero retraso. El silencio del cabecilla de la red corrupta en la primera sesión de las cuestiones previas podría desbaratar las estrategias de los acusados, quienes pidieron nulidades masivas en el procedimiento. Correa ofreció «gestos de buena voluntad» a la sala, según fuentes de su defensa, en línea con el guiño que hizo la semana pasada para entregar 2,2 millones de euros de una cuenta en Suiza para reparar el daño ocasionado a varias Administraciones públicas.

Los movimientos de Francisco Correa se pueden llegar a entender por el oscuro horizonte procesal que tiene por delante, la Fiscalía pide 125 años de prisión para él y más de 60 millones entre multas y responsabilidad civil. En cualquier caso, sorprende cuando menos que no haya sido hasta días antes de que comenzase la vista oral, después de cinco años y medio de larga instrucción y tres años en prisión preventiva, cuando el empresario nacido en Casablanca en 1955 ha cambiado de táctica en busca de atenuantes que mitiguen su previsible condena.

La primera noticia del llamado «don Vito del PP» llegó con un cambio de abogado. De contar con un letrado del turno de oficio por sus imposibilidades económicas, que incluso llegó a pedir el aplazamiento del juicio para preparar la defensa, ayer se presentó en la Audiencia Nacional con Juan Carlos Navarro, quien lo defendió en la vista de Gürtel-Fitur en Valencia. En la misma línea que su exmarido, la defensa de María del Carmen Rodríguez también guardó silencio en su turno de cuestiones previas, sabedora de que su suerte va de la mano del primero. La exjefa de gabinete del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) se enfrenta a 35 años de prisión por siete delitos.

Pero, en esta primera sesión del mundo al revés, los que sí se subieron al tren de las nulidades fueron el extesorero del PP Luis Bárcenas, su mujer, Rosalía Iglesias, y el denunciante de la trama, José Luis Peñas, exconcejal de Majadahonda y la persona que llevó las grabaciones realizadas a Francisco Correa a la Fiscalía. El abogado de Peñas planteó que a su cliente no le leyeron los derechos tras su detención, mientras que la defensa de Bárcenas incidió en la imposibilidad de incorporar la información bancaria remitida por las autoridades suizas.

Manipulación

Más densa fue la intervención del letrado del número dos de la trama, Pablo Crespo, ex secretario general del PP gallego, para quien la Fiscalía pide 85 años y medio. Su abogado solicitó la nulidad de las grabaciones de Peñas al no poder acreditarse su autenticidad. «Fueron objeto de manipulación», dijo Miguel Durán, quien recordó que las utilizó Baltasar Garzón para activar la causa. Además de las nulidades, varios acusados, como el contable de Gürtel José Luis Izquierdo o los administradores Isabel Jordán y Álvaro Pérez, el Bigotes, pidieron ausentarse del juicio por diferentes motivos: enfermedad o cuidado de terceras personas.

Solicitan que Mariano Rajoy testifique porque era secretario 

Dos acusaciones populares, la ejercida por la asociación de abogados Adade y la del Partido Socialista de Madrid, volvieron a reclamar al tribunal que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declare como testigo en la vista oral. Justificaron su solicitud en que este era secretario general del PP en el 2003 y el 2004, años incluidos en las actividades de la trama corrupta que ahora se juzgan (1999-2005). El tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, presidido por el magistrado Ángel Hurtado, tomará una decisión al finalizar las cuestiones previas, previsiblemente hoy. Este mismo órgano juzgador ya acordó, en cambio, que sí declaren como testigos otros ex altos cargos del PP en aquella época, como Ángel Acebes, Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja y Esperanza Aguirre.

La silla de la exministra Ana Mato, vacía

Una silla vacía de la sala de vistas de la Audiencia Nacional llevaba su nombre, pero Ana Mato no compareció en el inicio del macrojuicio de la primera época del caso Gürtel (1999-2005). La exministra de Sanidad, que dimitió tras el auto de procesamiento del juez Pablo Ruz en noviembre del 2014, evitó así el mal trago de la foto en el banquillo de los acusados, donde sí estaba por ejemplo su exmarido, Jesús Sepúlveda.

Más allá de la sorpresa que causó esta ausencia, las razones legales las tendrá que aclarar el tribunal juzgador, bien porque la condición procesal de Mato (responsable civil como partícipe a título lucrativo) le permite no acudir al juicio, según señalaron fuentes de la Audiencia Nacional; bien porque su abogada alcanzó un acuerdo previo con la sala. Desde las defensas se decantaron por esta segunda opción, que tildaron de «agravio comparativo» con aquellos acusados que «sí están realmente enfermos», como Carmen García, administradora de empresas del grupo Correa que sufre fibromialgia, según comentó un letrado.

Reclamaciones monetarias

Otro asunto realmente curioso con respecto a Mato es que una persona que tiene su misma condición procesal, Gema Matamoros, exmujer del que fuera alcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega, sí acudió a la primera sesión del juicio. Tanto Mato como Matamoros son responsables civiles por lucrarse presuntamente de las actividades de sus exparejas en la trama corrupta. La Fiscalía les reclama 28.467 euros y 45.066 euros, respectivamente. En el caso de Mato se trata de la cifra con la que la red financió fiestas familiares como cumpleaños y las comuniones de sus hijos, según concluyó el juez Ruz.