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El PP desafía a Ciudadanos y cierra filas con el imputado presidente de Murcia

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo BAreño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA

Marcial Guillén | EFE

Albert Rivera reclama otro candidato a los populares si pretenden seguir gobernando

22 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

La situación judicial del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y su negativa a dimitir pese a estar citado a declarar como investigado por prevaricación continuada, fraude, falsedad en documento oficial y malversación de caudales en el caso Auditorio, pone a prueba la solidez del pacto de investidura entre el PP y Ciudadanos. El presidente del partido naranja, Albert Rivera, exigió este martes la dimisión de Sánchez y pidió a los populares que propongan un candidato alternativo. Ciudadanos apuesta por convencer al PP para que Sánchez dimita y por ello Rivera eludió hablar de la posibilidad de apoyar una moción de censura, aunque señaló que «sería un poco contradictorio que el PP no quisiera un Gobierno del PP». El líder naranja recordó que el propio presidente murciano afirmó públicamente que renunciaría si el Tribunal Superior de Justicia de Murcia le imputaba en relación con el caso Auditorio.

La presión no es solo del partido naranja, sino de toda la oposición, que reclama en bloque la dimisión del presidente murciano. Pero, de momento, el PP y el Gobierno mantienen el pulso, cierran filas con Sánchez y acusan a Ciudadanos de haber cambiado de criterio respecto al momento procesal en el que debe producirse la renuncia al cargo. El portavoz de los populares en el Congreso, Rafael Hernando, desafió incluso a los dirigentes de Ciudadanos, a los que exigió que no den «más vueltas de tuerca» a la situación hasta que Sánchez acuda a declarar el 6 de marzo. Recordó que el acuerdo firmado con Ciudadanos se refiere a cargos políticos «encausados» o con una «imputación formal por delitos de corrupción». Algo que, a su juicio, no se da en el caso de Sánchez porque nadie le acusa de haberse lucrado. Hernando instó por ello a Ciudadanos a «leerse los papeles» y recordar que «no es lo mismo meter la mano que meter la pata».

También el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, respaldó a Sánchez y aseguró que tratarán de «convencer» a Ciudadanos de que hay que «esperar» antes de pedir la dimisión del presidente de Murcia porque no se trata de un «caso de corrupción», ya que nadie le acusa de «llevarse un duro».

El PSOE apuesta por la censura

Desde el Gobierno murciano el argumento es que Sánchez «no está imputado formalmente», pese a que ha sido citado en calidad de investigado. Y, en todo caso, sitúan la «línea roja» para la dimisión en la apertura de juicio oral. «No está imputado formalmente, está citado para poder declarar y aclararlo todo», señaló la portavoz del Ejecutivo murciano, Noelia Arroyo.

Los socialistas, mientras tanto, elevan la presión. El secretario general del PSOE en esa comunidad, Rafael González Tovar, aseguró que, si Ciudadanos «no consigue» que Sánchez «cumpla su contrato» y dimita, habrá que presentar una moción de censura. Una posibilidad que también plantea la dirección de Podemos en esa comunidad. Y, desde el Congreso, el portavoz socialista, Antonio Hernando, exigió a Mariano Rajoy que deje de «amparar» al presidente de Murcia y reclamó que este dimita «con carácter inmediato e irrevocable».

El Congreso tramitará una ley sobre la corrupción presentada por C’s

Mientras PP y Ciudadanos continúan enzarzados en un pulso sobre la situación judicial del presidente de Murcia, el Congreso respaldó ayer la toma en consideración de la ley integral contra la corrupción que presentó la formación de Albert Rivera. Una norma que defendió el propio líder liberal y que contradice lo suscrito en los pactos de investidura con el PP y el PSOE en las distintas comunidades, ya que fija la inhabilitación o suspensión de un cargo público «desde que sea firme la resolución que acuerde la apertura del juicio oral o el procesamiento» y no en el momento de la imputación, asumiendo así el criterio marcado por los populares para exigir responsabilidades políticas a sus cargos. Esta diferencia en los tiempos favorecería al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, quien ha sido citado a declarar el próximo 6 de marzo como investigado por corrupción en el caso Auditorio.

Desde la dirección de Ciudadanos niegan que haya una contradicción y aseguran que su intención con esta medida es crear un marco general para todos los partidos. «La ley se aplicará a todo el mundo, una vez aprobada», pero puntualizan que los pactos políticos anteriores, como el de Murcia, deben cumplirse.

La defensa del denunciante de casos de corrupción y la supresión de los indultos por corrupción política son dos de los pilares de esta iniciativa de C’s, que también incluye la tipificación como delito el enriquecimiento ilícito y la eliminación del plazo máximo para investigar. También que los partidos, sindicatos y patronales sean responsables «subsidiarios» de la corrupción y que se proteja a los secretarios e interventores de los ayuntamientos para que puedan hacer cumplir la ley frente a la corrupción urbanística.