Las juezas desoyen la petición de la Fiscalía, que reclamaba 200.000 euros para eludir la prisión, y dejan en libertad provisional al marido de la infanta Cristina por su «arraigo»
24 feb 2017 . Actualizado a las 10:52 h.Libre, sin fianza, y residiendo en Suiza. El tribunal del caso Nóos decidió este jueves que Iñaki Urdangarin, condenado a seis años y tres meses de cárcel por prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y dos delitos fiscales, permanezca en libertad provisional sin necesidad de aportar garantía económica alguna. Aunque el fiscal Pedro Horrach había solicitado la prisión eludible con una fianza de 200.000 euros, las juezas del caso, en un auto muy favorable a las tesis defendidas por el cuñado del rey Felipe VI, optan por no aplicar al condenado ninguna medida cautelar que vaya más allá de la obligación de presentarse ante un juzgado el primer día de cada mes. El tribunal ni siquiera le retira el pasaporte, por lo que podrá seguir residiendo en Ginebra (Suiza) junto a la infanta Cristina, absuelta en este mismo caso, a la espera de que la sentencia sea firme.
Diego Torres, sin pasaporte
El tribunal tampoco impone prenda económica alguna al socio de Urdangarin, Diego Torres, condenado a ocho años y para el que la Fiscalía solicitaba prisión con fianza de 100.000 euros, aunque en este caso sí se le retira el pasaporte y se le prohíbe salir del territorio nacional. Trece meses después de que comenzara un juicio histórico por el hecho de que por primera vez se sentaran en el banquillo dos miembros de la familia del rey, las expectativas de unas condenas ejemplarizantes no se han cumplido, ya que la hermana del monarca ha sido absuelta y su marido permanece en libertad pese a haber sido condenado a más de seis años.
Ni la gravedad de la pena, ni el riesgo de fuga, ni la desahogada situación económica de Urdangarin, argumentos esgrimidos por el fiscal para solicitar la imposición de una fianza de 200.000 euros, han sido tenidas en cuenta por el tribunal a la hora de dictar el auto de libertad provisional. Han bastado el «arraigo suficiente en territorio nacional», y el hecho de que haya cumplido con sus comparecencias previas en el juzgado sin tratar de eludir la acción de la justicia, para dejarle en libertad sin aportar garantías económicas. Eso sí, el marido de la infanta Cristina deberá comunicar al tribunal cualquier desplazamiento que pretenda efectuar a un país no perteneciente a la Unión Europa, así como un posible cambio de domicilio.
Rajoy exige respeto al fallo
En el ámbito político, la controvertida decisión del tribunal ha vuelto a dividir a los partidos, como ocurrió con la absolución de la infanta. El bloque de fuerzas constitucionalistas formado por PP, PSOE y Ciudadanos, acogió con respecto la decisión del tribunal y sin querer hacer ningún tipo de valoración. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendió que las decisiones judiciales «hay que respetarlas siempre» porque eso «forma parte de las reglas del juego democrático y de las normas de convivencia que los españoles se han dado». «Yo respetaré siempre las decisiones de los tribunales, hay otros que no lo hacen, pero yo no voy a empezar a discutir sobre si unas decisiones me gustan o no», insistió. La presidenta andaluza, la socialista Susana Díaz, expresó también su «respeto» a la decisión de las juezas, mientras que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, señaló que las medidas cautelares «no deben ser objeto de valoración». Por el contario, tanto Unidos Podemos como los independentistas de ERC criticaron la decisión de la Audiencia de Palma y denunciaron el supuesto trato de favor a Urdangarin. Pablo Iglesias comparó el caso con la reciente condena al rapero Valtonyc por injurias al rey y enaltecimiento del terrorismo. «La injusticia es desigual para todos. Se escribirán canciones sobre la condena y serán condenados sus autores», señaló en un mensaje de Twitter. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, señaló que «al final solo irán a la cárcel quienes le están llamando ladrón».
Pablo Crespo pide recibir un trato igual de «benévolo»
El debate en torno a las medidas cautelares aplicadas a Iñaki Urdangarin fue aprovechado por el número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, para solicitar que se le permita eludir la cárcel con una fianza de 200.000 euros, la misma que la Fiscalía solicitaba para el cuñado del rey. Según su abogado, a este se le aplica un trato más «benévolo» que a Crespo, quien está en prisión pese a que su condena tampoco es firme todavía.