El Gobierno exige «contención» a los fiscales que denuncian presiones políticas

Los relevos decididos en la cúpula de la fiscalía por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que afectan entre otros al fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, que llevaba la investigación contra el presidente de esta comunidad, Pedro Antonio Sánchez, del PP, han elevado la tensión entre un sector del ministerio público y el Gobierno. Ese clima enrarecido se ha visto aumentado por las denuncias de presiones políticas realizadas en los últimos días por miembros de la fiscalía. A las declaraciones de López Bernal, que aseguró haber sufrido presiones políticas e intentos de intimidación durante su investigación al presidente murciano, se sumó ayer el fiscal encargado del caso Nóos, Pedro Horrach, que también denunció «presiones» y «amenazas» de todo tipo durante este proceso. «He recibido amenazas. Mi mujer, mi familia. Seguimientos, pero como otros fiscales aquí. Hay que vivir con ello», señaló Horrach, que añadió que «en casos de investigación de corrupción esto sucede muy a menudo».

Ante la sucesión de este tipo de denuncias, el Gobierno reclamó ayer «contención» a los fiscales en sus declaraciones públicas y advirtió de que, si alguno de ellos siente que está recibiendo presiones que puedan resultar delictivas, «lo que tienen que hacer es denunciarlo y ponerlo en conocimiento de la Fiscalía». El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, se expresó así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó los polémicos relevos y nombramientos propuestos por el fiscal general del Estado.

Susana Díaz pide explicaciones

El Gobierno quiere rebajar el clima de tensión con los fiscales, agravado por las recientes sentencias en procesos polémicos como el caso Nóos o el de las tarjetas black. Méndez de Vigo explicó que los cambios en la Fiscalía se rigen por un procedimiento «tasado, transparente y normal». Una vez que el Gobierno designa al nuevo fiscal general del Estado, es este quien convoca al Consejo Fiscal y este, a su vez, realiza las propuestas de relevo en plazas a las que puede haber «más de un pretendiente». Y es luego el fiscal general del Estado quien eleva esas propuestas al ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Pero a las críticas de los propios fiscales se suman las de la oposición. La presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, exigió ayer al Gobierno «explicaciones urgentes» en el Congreso por su decisión de «eliminar fiscales incómodos». Algo que calificó como un «atropello al Estado de derecho». «Al Gobierno del PP no le gustan los fiscales incómodos y eso es muy grave», señaló Díaz.

Ciudadanos considera también que deben investigarse las intimidaciones denunciadas por fiscales que llevan casos de corrupción. El vice secretario general del partido naranja, José Manuel Villegas, juzgó «inaceptables» esas «presiones». «No puede ser que, si es verdad lo que dicen estos fiscales que han denunciado acoso, nadie esté haciendo nada para investigarlo», señaló Villegas, quien destacó además la paradoja de que el Congreso tramite medidas para proteger a los funcionarios que denuncian casos de corrupción. «Si hay que proteger a los denunciantes, hay que hacerlo mucho más con los fiscales que hacen su trabajo y luchan contra la corrupción política», señaló.

Además de al fiscal de Murcia, los cambios decididos ayer por el Gobierno en la cúpula del ministerio público afectan, entre otros, a la Fiscalía Anticorrupción, a cuyo frente se sitúa el hasta ahora fiscal del Tribunal Supremo Manuel Moix. La plaza estaba vacante desde que Antonio Salinas se jubiló el pasado mes de octubre. La jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional la ocupará a partir de ahora Jesús Alonso, que era teniente fiscal en la Audiencia y que relevará a Javier Zaragoza. El Gobierno aprobó también la renovación de José Ramón Piñol Rodríguez como teniente fiscal de la Fiscalía de Galicia.

El presidente de Murcia no aclarará si dimite hasta que se reúna, el jueves, con Ciudadanos

El presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, imputado en el caso Auditorio, aplazó ayer cualquier decisión sobre su futuro político hasta después de la reunión que mantendrá el próximo jueves con dirigentes de Ciudadanos, cuyos votos son imprescindibles para que el PP mantenga la mayoría en la Cámara autonómica, y que ha exigido públicamente su dimisión. «Ciudadanos ha solicitado esa reunión y me parece razonable que la tengamos y hablemos, porque lo que le interesa a la gente es que sigamos trabajando y no planteemos hipótesis», señaló ayer al ser preguntado sobre su posible renuncia y la hipótesis de que la oposición plantee una moción de censura si no abandona su cargo. «Tenemos que hablar de todo, de esta situación, y exponer argumentos e intentar mantener un acuerdo que está dando buenos resultados», explicó, en referencia al pacto de investidura que ambos partidos mantienen desde las pasadas elecciones autonómicas. El presidente murciano defendió la necesidad de dejar trabajar a la Justicia y aseguró que el próximo 6 de marzo acudirá a declarar en calidad de investigado por el caso Auditorio para «aclarar». Sobre esta misma cuestión, el vice secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, explicó que esperarán a esa cita antes de tomar ninguna decisión. «Paso a paso», respondió al ser preguntado por la posibilidad de que Ciudadanos se plantee promover una moción de censura si Sánchez se niega a dimitir.

---

---