El COAG defiende que la declaración de BIC prevalece sobre las sentencias.
26 ene 2012 . Actualizado a las 12:38 h.El fiscal de Patrimonio del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ordenó ayer la apertura de diligencias para investigar el derribo de la Fábrica de Lápices. Tras una reunión con representantes del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) y de la Comisión Cidadá pola Recuperación de Ferrol Vello, Antonio Roma firmó un decreto en el que solicita, entre otros, al Ayuntamiento de Ferrol información sobre los expedientes urbanísticos abiertos en el caso de la antigua Hispania. De momento, la acción de la Fiscalía se traduce en la petición de datos para conocer el caso.
La posibilidad de detener la demolición en curso, que pedían los arquitectos y la plataforma vecinal, entraría en una fase posterior. Pero Roma recordó que «el Ministerio Fiscal no puede adoptar medidas cautelares. Quien tiene las competencias para la suspensión es el Ayuntamiento. Y la Fiscalía le está preguntando si las va a adoptar», continuó. «Yo por lo pronto pido información. Me dará un conocimiento para entender la circunstancias principales» del caso y poder así resolver «sin precipitación y sin prisas», declaró.
La actitud del fiscal y la inmediata apertura de diligencias satisfizo a los opositores al derribo. A la reunión de ayer acudieron Alexandre Carrodeguas, de la comisión ciudadana, Xoán Carmona y Xosé Allegue, por parte del COAG, y el catedrático de Historia del Arte, Alfredo Vigo Trasancos. Aseguraron que el fiscal «comprendeu absolutamente a nosa reclamación dende o punto de vista personal e humano» y «dixo que era un asunto preocupante». Según fuentes del COAG, el fiscal señaló que la declaración de Ben de Interese Cultural (BIC) del barrio de Ferrol Vello prevalece sobre las sentencias anteriores dictadas sobre la Fábrica de Lápices, cuestión que fue corroborada por la asesoría jurídica consultada por el colegio. «Parécenos unha das claves de todo isto», señaló Allegue.
Por su parte, la Fiscalía de Ferrol decidió archivar las diligencias preprocesales incoadas por el derribo de la fábrica. El Ministerio Público había intervenido tras la denuncia formulada por la comisión ciudadana, si bien el fiscal jefe, Román Ruiz Alarcón, considera que no debe intervenir en ningún aspecto porque en el fondo del asunto está el cumplimiento de una resolución judicial que autoriza al promotor a ejecutar la demolición.
El portavoz de la promotora inmobiliaria Jerpu señaló que entiende que el fiscal de Patrimonio cumple con «su obligación» al investigar el caso ante las denuncias recibidas, pero defendió que la propiedad «cumple con la legalidad» al derribar y que le asiste el derecho a hacerlo.