Los propietarios impidieron la entrada a los operarios de Prace, adjudicataria del plan de derribo
07 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.«No se lo vamos a poner fácil». Es la frase con la que los vecinos resumen su actitud frente a las obras de derribo de parte del edificio cabanés de O Penso -sobre el que pesan dos sentencias firmes de demolición del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)-, que debían haberse iniciado ayer con la sustitución del ascensor actual, que fue dado de baja por Industria el pasado 26 de febrero. Al más puro estilo no pasarán, los vecinos impedían ayer el acceso de los operarios de Prace -la empresa adjudicataria-, al tratarse el edificio de una propiedad privada y carecer los trabajadores de la correspondiente orden judicial.
Desde la firma Prace, Pablo Couto, responsable de la obra, confirmó que los obreros se habían desplazado al inmueble en la mañana de ayer para intentar iniciar los trabajos: «El primer paso será desmontar el antiguo ascensor para instalar uno nuevo, tarea que solo se puede realizar desde el interior. Como no hemos podido acceder hoy (por ayer) nos hemos limitado a vallar y señalizar la zona exterior», dijo.
Así, los vecinos formaban ayer una pequeña concentración, que, avanzaron, será la primera de muchas, puesto que ya han solicitado permiso para manifestarse a varios cuerpos de seguridad del municipio, entre ellos la Guardia Civil. Dichas manifestaciones, para las que piden la colaboración de los vecinos, se desarrollarán a lo largo de todo el mes de marzo, delante del edificio, en horario de mañana y tarde. «De lo que estamos hablando es de nuestras propiedades, unas viviendas compradas legalmente y que ahora nos quieren quitar», añadieron.
Por su parte, el abogado de los afectados confirmó que los propietarios estaban en su derecho de denegar la entrada a los empleados de Prace, ya que la comunidad del inmueble no ha recibido todavía ningún requerimiento judicial para ello. Asimismo, incidió en la necesidad de retrasar el inicio de las obras, ya que todavía está pendiente la resolución del incidente de ejecución promovido por uno de los afectados. Dictamen que se espera pueda conocerse a inicios de la próxima semana y que podría paralizar el proyecto, en tanto que no se establezcan las necesarias medidas de seguridad y se fijen las pertinentes indemnizaciones. En cuanto a la sustitución del ascensor, el letrado defendió la necesidad de buscar un sistema alternativo para la reforma: «En ese edificio vive gente de avanzada edad, por lo que debería instalarse un salva escaleras para que los afectados no tengan problemas para acceder a sus viviendas», destacó.
La postura del alcalde
«Entiendo perfectamente a los vecinos, pero no hay que olvidar que existe una sentencia firme de demolición y tenemos que hacer que se cumpla. A la corporación nos costó mucho tomar esta decisión, pero es algo que hay que hacer», apuntó el alcalde, Germán Castrillón. El regidor cabanés precisó a su vez que si se ha llegado a esta situación es porque el denunciante no ha querido valorar otras posibilidades: «Nunca ha habido por su parte intención de negociar ni de ver otras alternativas. Este señor no quiere que se arregle de otra forma que no sea esta. Había opciones mucho más baratas pero no ha querido ni siquiera contemplarlas», aseguró Castrillón. Así, 800 euros de media será lo que le cueste el derribo a cada habitante.