«Los testigos no suelen venir presos», explicó el fiscal a alumnos del Sofía Casanova
FERROL CIUDAD
Los estudiantes tomaron contacto ayer con la realidad de los juzgados
14 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Un grupo de alumnos de la asignatura de Filosofía del IES Sofía Casanova, acompañados por un profesor, tomó contacto ayer con la realidad de los juzgados a través de una inusual clase en la que la jueza de lo Penal 2, María Mercedes Pena Moreira, y el fiscal jefe de área de Ferrol, Román Ruiz Alarcón, actuaron de improvisados docentes. Los jóvenes, que cursan cuarto de ESO, siguieron con gran interés sus explicaciones, referidas a dos procedimientos que se saldaron con sentencias de conformidad.
El primer juicio fue un tanto inusual, porque mientras el acusado accedió libremente a la sala de audiencias, el testigo y principal perjudicado lo hizo esposado y escoltado por dos agentes de la Policía Nacional. La situación causó extrañeza a los estudiantes y el fiscal se encargó de explicarles que «los testigos no suelen venir presos», pero que en este caso se trata de una persona que está encarcelada por otros hechos, a la que le habían hurtado el coche.
El acusado, cuya identidad responde a las iniciales D.G.C., reconoció ser el autor del delito, así como haber conducido de forma temeraria, llegando a circular por la carretera en sentido contrario, con el carné sin puntos y después de haber consumido bebidas alcohólicas. La sentencia se saldó con una multa de 2.700 euros y la privación del derecho a conducir por un período de un año y un día.
La jueza y el fiscal explicaron a los alumnos que la pena era menor que la solicitada inicialmente por la aplicación de la atenuante de reparación del daño, porque el acusado ya había depositado los 1.008 euros de responsabilidad civil que le serán entregados al dueño del vehículo por los daños ocasionados en el mismo. A este respecto, el fiscal indicó que la acusación pública prefiere rebajar las penas, porque lo que más le interesa es que los perjudicados sean resarcidos.
El segundo juicio se refería a un delito de estafa y también se saldó con una sentencia de conformidad. El acusado, de iniciales D.G.P., ha sido condenado a la pena de 21 meses de prisión y la obligación de indemnizar a las víctimas con la suma de 11.100 euros, que se comprometió a abonar en varias mensualidades. Se trata del responsable de una empresa de aluminios que contrató con la sustitución de ventanas a tres clientes, les cobró un anticipo y no realizó las obras. La jueza y el fiscal explicaron a los estudiantes que también se acordó la suspensión de la pena privativa de libertad por un período de dos años, condicionada a que haga frente a la indemnización y a que no vuelva a delinquir.