La Xunta ultima el expediente sancionador a Construcuatro por el cobro de sobreprecios
GALICIA
La promotora que hasta hace unos meses tuvo como socio al diputado del PP en el Congreso Telmo Martín se enfrenta a una propuesta inicial de sanción de 3,7 millones de euros
16 may 2012 . Actualizado a las 11:15 h.Siete meses después de iniciar el estudio de las alegaciones de la empresa y propietarios afectados, los servicios jurídicos de la Xunta tienen listo el expediente sancionador a Construcuatro por cobro de sobreprecios en 62 pisos protegidos del polígono vigués de San Paio de Navia. La promotora que hasta hace unos meses tuvo como socio al diputado del PP en el Congreso Telmo Martín se enfrenta a una propuesta inicial de sanción de 3,7 millones de euros, que el Gobierno de Feijoo puede ratificar o revisar.
El caso espera una resolución definitiva desde que el actual Ejecutivo cerró, en noviembre del 2010, la investigación iniciada por el bipartito en el 2008 y propuso una sanción de 2,43 millones a Construcuatro, a la que hay que sumar la obligación de devolver 1,23 millones cobrados de más a los propietarios de esas viviendas de protección. Con anterioridad a esta fase administrativa, la vía judicial determinó que la empresa no incurrió en infracción penal, aunque la sentencia estimó probado que la promotora sí requirió pagos en dinero negro a los compradores que denunciaron un caso que se remonta al 2006, cuando una asociación vecinal solicitó una investigación de oficio a la Fiscalía del Estado. Algunos compradores denunciaron que se llegó a pedir 60.000 euros por unas supuestas mejoras en pisos que no podían venderse por más de 120.000.
Pese a que sus servicios jurídicos iniciaron en octubre el estudio de las alegaciones, la Xunta esgrime que no cabe hablar de retraso en la resolución del expediente, ya que hay una saturación en ese ámbito. Una vez cerrada esta fase, la decisión final del Gobierno de Feijoo es cuestión de días. Construcuatro no podrá beneficiarse del nuevo régimen sancionador previsto en la futura Lei de Vivenda, que recorta en 400.000 euros la multa máxima por los cobros ilegales.