Las nóminas de los 233 regidores gallegos que perciben un salario suman 8,4 millones de euros
31 jul 2012 . Actualizado a las 00:06 h.Los gallegos gastan cada año 8,4 millones en pagar las nóminas de sus alcaldes, cantidad que no incluye las dietas por asistir a plenos y juntas de gobierno, ni otros gastos asociados al cargo como los vehículos oficiales o los sueldos de asesores, asistentes y personal de confianza, ni el sueldo de muchos concejales.
Un total 82 regidores no tienen salario, y la media de los 233 que sí lo perciben ronda los 36.000 euros al año. Superan esa cantidad 120, y otros 95 rebasan los 40.000, el doble del sueldo medio gallego (19.807 euros, según el Instituto Galego de Estatística). Lo triplican en Santiago, Ourense, Lugo, Vigo, A Coruña, Pontevedra, Celanova y Vilalba.
Las nóminas de los alcaldes suman más que las ayudas de la Xunta al sector de las nuevas tecnologías. Con ese dinero se podría abonar la paga de este mes de 10.000 pensionistas.
A la espera de que el Gobierno desarrolle su idea de limitar las percepciones de los cargos electos locales, o de que la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) establezca una pauta orientativa, los sueldos son una decisión autónoma de los concellos. Muchos han empezado a aplicar una reducción del 7 % tras el recorte de los sueldos de los funcionarios, pero no existen criterios unificados y, de hecho, la cuantía del sueldo del alcalde depende muchas veces de las circunstancias personales del afectado. Hay quienes no cobran porque tienen otro empleo, y que no cobraban pero sí lo hacen ahora porque perdieron el que tenían. Los hay que ahorran su sueldo al ayuntamiento porque acaban de jubilarse o porque obtienen una remuneración pública por ostentar un cargo representativo o de confianza (senadores, diputados, diputados provinciales, asesores...).
Falta de transparencia
Otra consecuencia de esa ausencia de criterios es la falta de transparencia. Algunos alcaldes se niegan a informar de su sueldo o solo lo facilitan expresado en neto, lo que obliga a efectuar una estimación siempre sujeta a errores porque la información tributaria necesaria para establecer el bruto anual total tiene carácter confidencial.