El ministro asegura que se va a abrir un nuevo proceso de regularización de embarcaciones para que ninguna quede amarrada por su irregularidad
13 sep 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Quinientas embarcaciones gallegas se debatían en la incertidumbre de si podrían continuar faenando o si serían dadas de baja en el censo de la flota pesquera operativa por ser irregulares y no tener opciones a legalizarse por haber presentado su solicitud más allá de diciembre del 2007. Su futuro quedó despejado ayer, después de que el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, anunciase en el Congreso lo que una semana antes el secretario general de Pesca, Carlos Domínguez, había avanzado a la conselleira de Pesca, Rosa Quintana: que se va a abrir un nuevo proceso de regularización de embarcaciones para que ninguna quede amarrada por esta cuestión.
Y a diferencia de otras amnistías, la próxima, que llegará en octubre en forma de real decreto, esta tendrá un carácter permanente, que «permitirá la legalización de cualquier embarcación que no hubiera podido acogerse a los procedimientos excepcionales establecidos con anterioridad, así como a cualquier barco que en un futuro precise ser legalizado», explicó Cañete.
Ahora bien, el ministerio no aclaró si se mantendrán con carácter permanente las excepciones con las que se incentivaron las autodenuncias de los armadores, que perdonaban determinados excesos en eslora y potencia.
Mal diagnóstico y peor gestión
El portavoz de pesca del PP, Joaquín García Díez, que interpeló a Cañete sobre la regularización de embarcaciones, achacó a un «mal diagnóstico y a una peor gestión del Gobierno anterior que 500 embarcaciones quedasen fuera de la legalidad», cuestión en la que incidió el ministro al subrayar que no entendía el límite temporal impuesto (diciembre del 2007).
Para esos reproches tuvo respuesta Marisol Soneira, la portavoz socialista de pesca, pero en el Parlamento gallego que, a través de un comunicado, criticó que Cañete obvie que el Gobierno anterior publicó disposiciones que dejaron a más de 1.500 embarcaciones bajo el paraguas de la legalidad y que dispuso el camino para que esos 500 barcos pudiesen faenar normalmente, sin acceso a ayudas ni subvenciones, eso sí.