El decreto del Gobierno que fijaba la liberalización del transporte ferroviario de viajeros para el 31 de julio del 2013 ha sido ampliamente cuestionado en un dictamen de la Comisión Nacional de la Competencia. Aunque en general celebra la decisión de introducir la competencia en este sector, considera que el contenido de la reforma es «claramente indeterminado» y no garantiza que la competencia sea efectiva si no se eliminan las ventajas de Renfe como operador dominante. De hecho, la compañía disfrutará de la denominada cláusula del abuelo, consistente en que la operadora pública seguirá manteniendo el derecho a explotar la capacidad de red que utilice en el momento de la liberalización. Competencia cree que debería acceder a la red en igualdad con los otros operadores.