Sanidade reintegrará parte de esos gastos en función del nivel de renta
09 ene 2013 . Actualizado a las 10:40 h.Los recortes en los servicios sanitarios públicos también afectarán a los miles de gallegos que precisan de prótesis ortopédicas. Esos pacientes tendrán que abonar por adelantado las prótesis, ya que el sistema por el que el Sergas paga directamente a las ortopedias será sustituido por una fórmula de reintegro de gastos. Con este cambio, la Administración sanitaria devolverá después parte del importe de la prótesis al paciente, en función de su renta. Además del esfuerzo que supone anticipar ese desembolso, este ajuste tendrá un peaje añadido para el usuario, que pasará a pagar un máximo de 40 euros por producto en lugar de los 36 actuales.
Esta reforma emana del real decreto que el Gobierno publicó en noviembre para regular la cartera común suplementaria de prestación ortoprotésica y fijar las bases para establecer los importes máximos de financiación. A raíz de esa norma, que estableció que la prestación ortoprotésica tendrá el mismo trato que la farmacéutica, se acordó prorrogar durante este primer trimestre el convenio con las ortopedias. Superado este período en el que el Sergas ultima la orden correspondiente, los pacientes tendrán que pasar por caja para adquirir las prótesis.
El porcentaje final que costeará el usuario será del 60 % del precio del producto para aquellos con una renta igual o superior a los 100.000 euros anuales. Al reintegrar ese desembolso, el Sergas exigirá al paciente que asuma un máximo de 40 euros por prescripción. Solo en Galicia se realizan más de 40.000 al año. Si su renta va de 18.000 a 100.000 euros, deberá cubrir el 50 %. Los que ingresen menos de 18.000 aportarán el 40 %, con un tope de 30 euros. Además, se crean subgrupos de aportación reducida, que abonarán el 10 % al margen del nivel de renta.
La Asociación de Técnicos Ortopédicos de Galicia advierte de que no firmará un acuerdo que juzga «un disparate». La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública ve la medida «cruel, inxusta e discriminatoria coas persoas máis necesitadas de apoio e atención sanitaria por padecer problemas de saúde graves e discapacitantes».