«Una organización dedicada a captar empresas en dificultades». Así definió el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco al entramado de sociedades creado por Ángel de Cabo en el auto por el que envió a la cárcel al citado empresario valenciano y a Gerardo Díaz Ferrán, que habían pactado la compraventa de las empresas del grupo Marsans, hasta que los investigadores descubrieron las intenciones de ambos y que, según la Audiencia Nacional, no eran otras que enriquecerse a cuenta del vaciado de las empresas dejando a los acreedores y empleados sin posibilidad de recuperar nada, porque nada había.
Los investigadores constataron que De Cabo disponía de una organización formada por un entramado de sociedades y testaferros que le servían para hacer desaparecer el patrimonio de las empresas de las que se hacía cargo y prometía reflotar mediante un acuerdo con sus anteriores dueños. Como explicaba gráficamente un experto en este tipo de operaciones, Ángel de Cabo, encarcelado en Soto del Real desde diciembre, «se hacía con toda la carne hasta que dejaba solo el hueso». Y así quedaban las empresas. En la quiebra, sin posibilidad de que los acreedores pudiesen recuperar su dinero. Los investigadores que dirige el juez Taín tienen claro que De Cabo usó el mismo sistema con el grupo Martínez Núñez.