La causa por contrabando en el puerto de Ferrol afecta a dos personas más
09 feb 2013 . Actualizado a las 07:00 h.José Martínez Núñez y sus dos hijos, José Luis y Maribel Martínez Parra, figuran como imputados en la causa por contrabando de clínker que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol, al cargo de Alejandro Morán Llordén. La investigación partió de una investigación de la Agencia Tributaria que detectó un presunto fraude fiscal de 3,2 millones de euros por la descarga de 350.000 toneladas de clínker sin declarar. Las descargas se realizaron en los años 2009 y 2010 y la mercancía era trasladada desde el puerto exterior de Ferrol hasta la fábrica de cemento Gallega de Molienda que el grupo Martínez Núñez tiene en el municipio coruñés de Coirós. El clínker, utilizado para la producción de cemento, fue trasladado en camiones que realizaron unos 12.500 viajes entre Ferrol y Coirós, separados por una distancia aproximada de 40 kilómetros. Además de la familia Martínez Núñez, también están imputados en la causa Juan Jesús Pérez San Marcos y Fernando Fernández Fernández, que dirigía la planta de Coirós.
El asunto fue descubierto por inspectores de Aduanas. En un informe remitido por ese organismo al juez instructor se indica que en los registros practicados en la cementera y en las oficinas centrales del grupo empresarial del constructor -en el año 2011- en Madrid, los funcionarios de la Agencia Tributaria encargados del asunto hallaron 26.565 tiques de pesada en báscula de otros tantos camiones bañera que salieron cargados de clínker del depósito aduanero del puerto exterior. Ocurre que este tipo de depósitos permiten almacenar mercancía desembarcada sin abonar los impuestos de importación, pero deben saldarse en el momento en que dejen el depósito. La empresa ferrolana que realizó los desembarcos del clínker, que procedía de China y Turquía, confirmó a los funcionarios de Aduanas que el encargado del transporte entre Ferrol y Coirós era Fernando Fernández.
Las descargas y transporte hasta Coirós terminaron en abril del 2010 con el cierre de la fábrica de cemento. Durante la investigación se descubrió también que en aquel momento en el puerto exterior de Ferrol «nadie controlaba la entrada y salida de material» , cuando en realidad era un recinto aduanero. Reconocen en Aduanas que los gestores del clínker se aprovecharon de las circunstancias de que el puerto exterior estaba todavía en construcción y carecía de los sistemas de control de salida habituales en este tipo de infraestructuras.
De hecho, el informe concluyó que se vulneró el control aduanero desde el primer buque en el año 2007. Se transportaron 357.329 toneladas y la deuda en concepto de IVA a la importación ascendía a cerca de tres millones de euros. Entre los nombres que figuran en el informe aparecía un destacado parlamentario del PP del que no trascendió el nombre, aunque luego tampoco acabó imputado. Aduanas ha remitido nueva documentación al juez.