El Concello de Santiago lleva a la Fiscalía el caso de las facturas falsas
SANTIAGO CIUDAD
La comisión municipal de investigación aprecia posibles indicios delictivos
16 mar 2013 . Actualizado a las 14:04 h.La comisión del Ayuntamiento de Santiago constituida para investigar el caso de las facturas falsas supuestamente facilitadas por el concejal del PP Juan de la Fuente a dos asociaciones de vecinos de Santiago para cobrar sendas subvenciones municipales aprecia, en sus conclusiones, posibles indicios delictivos. Según pudo saber La Voz, los instructores recomendarán que la documentación recogida durante la investigación instruida por el secretario e interventor del Ayuntamiento sea entregada a la Fiscalía. No han trascendido todos los detalles del informe, dado que los integrantes de la comisión pactaron no revelar datos hasta que el alcalde de Santiago, Ángel Currás, informe al pleno y asuma la propuesta de los instructores. Algunas fuentes indicaron que parece estar clara la falsedad en documento público y mercantil; e, incluso, la suplantación de identidad.
La decisión queda en manos de Ángel Currás y diversas fuentes indicaron que no tiene margen de maniobra. Todo apunta a que el informe de la comisión será presentado al pleno del próximo jueves, 21 de marzo; y después, como recomienda la instrucción, se entregaría la documentación a la Fiscalía.
Fuentes consultadas apuntaron que, tras las primeras comparecencias, los instructores del caso no albergaron dudas acerca de que habría sido el edil del PP el que facilitó las falsas facturas de dos empresas de Santiago (Almacenes Garabal e Imprenta Garabal) para que las asociaciones justificaran los gastos que les daba derecho a las ayudas municipales.
Comisión ilegal para el edil
El concejal Juan de la Fuente, en su comparecencia, habría cuestionado la legalidad de la investigación. Cuentan que, basándose en la Lei de Réxime Local, quiso justificar que la comisión era irregular y que la composición de la misma era ilegal. Al fracasar, simplemente negó todo. De la Fuente declinó contestar preguntas de la oposición, alegando que lo consideraban culpable de antemano.
Una de las comparecencias más llamativas fue la del supuesto presidente de la Asociación de Veciños Mestra Míguez, de Vidán, Víctor Eibes. Este joven, que acudió acompañado de su abogado, negó ser el presidente de la entidad e, incluso, dijo estar desligado de la asociación desde hace cinco años, cuando fue secretario. Sin embargo, tanto la petición de subvención como el certificado de las actividades realizadas por la asociación de Vidán estaban firmadas a nombre de esta persona.
Al parecer, el joven le dijo a los miembros de la comisión que se reservaba su derecho a denunciar a los responsables de dichos documentos por un posible delito de suplantación de identidad. Se da la circunstancia de que el concejal Juan de la Fuente era el presidente de la asociación antes de tomar posesión como concejal. En la investigación se comprobaría que las comunicaciones del Concello dirigidas a esta asociación se remitían al correo electrónico del concejal en el Ayuntamiento.
Algunas fuentes comentaron que los instructores pidieron a la entidad bancaria en la que se ingresó la subvención municipal el nombre del titular de la cuenta. Estos datos se solicitaron después de que Eibes confirmara no ser titular ni estar autorizado en la citada cuenta.
Antonio Otero, el presidente de la otra asociación implicada, la de Verdía, no declaró. En su lugar, acudiría un familiar para indicar que no comparecía por cuestiones de salud.
La comisión también citó a los responsables de las empresas Almacenes Garabal e Imprenta Garabal. Las facturas investigadas habrían sido presuntamente emitidas por estas empresas en concepto de pagos realizados por las asociaciones. Los titulares de Almacenes, empresa en la que trabajó el edil, no se personaron. En cambio, los de Imprenta Garabal dijeron que las dos facturas presentadas por las asociaciones no fueron emitidas por la empresa y, además, el NIF no es correcto. Esta empresa también se reserva su derecho a personarse en la causa, por considerar que se ha producido una falsificación de documento público y mercantil.