Los acusados, que negaron tener algo que ver con los daños, se enfrentan cada uno de ellos a cinco años de prisión
21 mar 2013 . Actualizado a las 07:00 h.La cantera que surtió de baldosas y placas de cuarcita a la Cidade da Cultura de Santiago arrasó terrenos de gran valor natural en la Serra do Xistral, en el municipio lucense de Muras. Así lo sostuvo ayer la fiscala en el juicio a tres imputados por un presunto delito contra los recursos naturales que se celebró en la Audiencia Provincial de Lugo. Los acusados, que negaron tener algo que ver con los daños, se enfrentan cada uno de ellos a cinco años de prisión.
Entre el 2003 y el 2006 la cantera Angelita se dedicó a producir en exclusiva para la construcción del Gaiás, pero supuestamente los responsables de las empresas que la explotaban no cumplieron lo dispuesto en la declaración de impacto ambiental. La fiscala dijo que no había balsas de decantación ni escombreras y que el cierre perimetral era de estacas. Definió la actividad extractiva como descontrolada y destacó que se había internado 1,2 hectáreas en un espacio LIC y en una zona con 24 hábitats de interés comunitario.
Pablo Campo Fernández, administrador de la firma, explicó que su llegada a la empresa fue en el 2006, cuando la explotación estaba en marcha y sin tener absolutamente nada que ver con quien tenía el permiso de explotación que fue otorgado en 1971. Explicó que no había hecho ningún tipo de tramitación porque, dijo, tenía unos socios que eran quienes se ocupaban de la explotación. Asimismo advirtió que había ingenieros y otras personas con la competencia de velar por el cumplimiento de las normas.
También se sentó en el banquillo Siro Vega Rodríguez, responsable de otra empresa que estaba vinculada a la explotación de la cantera. «Yo no soy el dueño de la explotación, ni del permiso de la concesión. No tengo nada que ver», declaró. Informó de que el objetivo inicial de servir a la Cidade da Cultura era muy interesante, pero finalmente la explotación acabó generando pérdidas, entre otras razones por la tardanza en los pagos. Al final, el material acabó llegando de Brasil.
El tercero de los imputados fue Manuel Pajón Otero, un ingeniero que negó cualquier participación porque, explicó, fue director facultativo de la explotación de febrero a abril del 2007.