Unos alcaldes minimizan sus irregularidades, y los del PP critican su mal uso
14 may 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Las duras críticas que el Tribunal de Cuentas ha lanzado a la Administración local por la infinidad de irregularidades detectadas en la gestión del Plan E no son asumidas en las principales ciudades gallegas por aquellos alcaldes y equipos de gobierno que ejecutaron las obras y siguen en el poder. De reconocer alguna deficiencia, no superan el calificativo de «cuestión menor», apelando en todo caso a la legalidad y la transparencia general y a los supuestos beneficios que generó el plan de Zapatero.
No opinan lo mismo los alcaldes que accedieron al poder hace dos años. Para ellos lo que hicieron sus antecesores con los millones del Plan E fue un desastre». Esa es la opinión del alcalde de Ferrol y presidente de los regidores gallegos, José Manuel Rey, que estima que el Plan no sirvió para iniciar la transformación urbanística de la ciudad, «cuestión que habrá que iniciar ahora», dice. Asegura que «se encontraron muchos problemas en esas obras por falta de planificación e improvisación».
Notablemente molesto con las críticas se muestra en cambio el entonces alcalde ferrolano Vicente Irisarri, que asegura sentirse «muy orgulloso y súper tranquilo con lo ejecutado». «Tenemos la autoestima del nuestro Plan E muy alta», añade, para desmarcarse de situaciones como la de la piscina de Malpica, abierta solo un mes en dos años, y advertir que las adjudicaciones realizadas antes de contar con la aprobación del expediente, como el caso de la reforma de las fachadas de Recimil, se produjeron por la presión recibida desde Madrid para llevar a cabo las obras.
Mala herencia
Como su compañero de partido en Ferrol, el portavoz del Gobierno de A Coruña, Julio Flores, reprocha el trabajo de sus antecesores con el Plan E espetando que «se permitieron lujos como empedrar con grandes bloques de granito calles por las que pasaban varias líneas del bus urbano, o la gran mentira del corredor verde de Orillamar sin siquiera vigilar que la empresa encargada hiciese su trabajo con un mínimo de garantías». Para él edil popular «el Plan Zapatero fue un error que aún estamos pagando», aludiendo entre otras realizaciones al alumbrado en la ciudad en el que se emplearon 5 millones y ahora, dice, requiere otro 1,6 para subsanar los problemas creados con el Plan.
El alcalde popular de Vilagarcía, Tomás Fole, mantiene que cada Concello utilizó el plan como quiso y no en beneficio de la creación de empleo. En el caso de su ciudad Fole estima que «se hizo a imagen y semejanza de un solo concejal», y los diez millones de euros empleados en Vilagarcía «tenemos que buscarles solución ahora».
La portavoz del gobierno de Santiago, María Pardo (PP), se abona a la crítica general que su partido hace del plan del anterior Gobierno, partiendo de la base de que el Plan E sirvió sobre todo para aumentar el déficit, y hacer algunas obras, en el caso de Santiago, «no bien ejecutadas» o sobredimensionadas, aunque no advierte irregularidades,
En una posición opuesta a los populares se sitúan los alcaldes urbanos que lo eran también cuando les llegó el dinero del Plan E. Tras advertir que en el caso de Lugo ya se aclararon ante el Tribunal de Cuentas todas sus objeciones, el gobierno de López Orozco asegura que todos los proyectos están en funcionamiento, con las verificaciones de los técnicos oportunas y con incluso una sanción a la empresa que construyó la nueva piscina por no contratar a todos los empleados prometidos.
Anécdotas irrelevantes
El Concello de Pontevedra tampoco se da por aludido con el informe del Tribunal de Cuentas al calificar de «exquisita» la tramitación de los proyectos el concejal de Hacienda, Raimundo González. «En Pontevedra non se pode falar de desastres nin irregularidades» dice, para añadir que en el caso de Pontevedra solo puede haber «cuestións anecdóticas ou irrelevantes».
Tampoco el alcalde de Narón, José Manuel Blanco, o el de Salceda, Marcos Besada, creen que el controvertido plan originase en su villas irregularidades, mientras que el de Ourense pide tiempo para conocer los expedientes y el de Vigo, da la callada por respuesta.
Información elaborada con aportaciones de Gabriel Lemos, Rocío Pita, Serxio Barral, Luis C. Llera, Serxio González, José Seoane, Rosa Martínez y Miguel Cabana.