«Si lo llegan a nombrar ministro de Sanidad tendríamos entierros masivos», aseguró el abogado coruñés en V Televión
22 may 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Los abogados Antonio Platas y Fabián Valero cargaron contra la labor de Alberto Ruiz-Gallardón al frente del Ministerio de Justicia. Platas, presidente del Consello da Avogacía Galega y decano del Colegio de Abogados de A Coruña, y Valero, portavoz de la agrupación Avogados Novos de Vigo, se mostraron muy críticos con la reforma judicial en su intervención en Vía V, el programa que dirige y presenta Fernanda Tabarés en V Televisión.
«Gallardón es el Nerón de la Justicia», señaló Platas, que añadió que «si lo llegan a nombrar ministro de Sanidad tendríamos entierros masivos». El abogado coruñés destacó que con los cambios impulsados desde el Ministerio de Justicia, como el tasazo, «se están intentando eliminar los pleitos de los pobres». Insistió en que «para acudir a la Justicia no puede haber un escalón que te impida acceder. La Justicia es un valor mucho más esencial que la política». Recalcó que se trata de un servicio público y que, «si se suprime, la gente desesperada podría tomarse la justicia por su mano».
Platas también aludió al «deseo de eliminar el poder judicial» del Ejecutivo central y se mostró durísimo a este respecto. «El descrédito del poder político es claro, el legislativo para mí no existe y la estrategia es acabar con el poder jurídico vaciándolo de contenido», apuntó.
El vigués Fabián Valero, que ha recogido decenas de miles de firmas contra el tasazo, destacó el colapso que se vive en los tribunales: «Cada juez tiene que dictar diez sentencias al día en Vigo y se puede llegar a 18 juicios en un solo día, no son las condiciones más adecuadas».
Precisamente los sindicatos mayoritarios del ámbito judicial han convocado para hoy concentraciones en todos los centros de trabajo de la Administración de Justicia para protestar contra los proyectos de Gallardón. Las centrales de los trabajadores, que saldrán a la calle entre las 11.30 y las 12.30 horas, consideran que las nuevas normas suponen un desmantelamiento. Los sindicatos se oponen a las tasas judiciales, que consideran desmesuradas, al proyecto de ley de reforma integral de los registros civiles que introduce el pago mediante aranceles a los registradores de la propiedad y mercantiles y a los notarios, y a los aranceles que se deberán abonar a los procuradores por la práctica de los actos de comunicación y ejecución.