Una comisión público-privada marcará los horarios base para la hostelería, que sustituirán a los fijados desde el 2005
04 jul 2013 . Actualizado a las 10:11 h.El promotor que venda para un recital más entradas de las autorizadas, el propietario de un pub que cada noche eche la verja cuando le venga en gana, el espectador que en un concierto se comporte de modo tal que ponga en riesgo la seguridad del resto... La Xunta los fichará a todos.
La Administración autonómica, despachando una tarea pendiente desde 1995, lanzará por fin este año la Lei de Espectáculos e Actividades Recreativas. Puesta a recuperar el tiempo perdido, no se quedará ahí. Amén de dictar nuevas reglas, a través de la propia norma creará mecanismos para evitar que derive en papel mojado. Fundamentalmente uno: una base de datos donde quedarán anotadas todas las infracciones dentro de este ámbito que se cometan en Galicia, así como sus autores y los castigos endosados. Se trata de combatir la reincidencia.
En su artículo 43, el borrador de la ley prescribe crear un registro «ao obxecto de garantir o cumprimento efectivo» del texto. Aunque el anteproyecto determina que el funcionamiento de esa lista negra se desarrolle posteriormente vía decreto, ya adelanta que las inscripciones no serán a perpetuidad, siempre que se cumplan unos requisitos. Podrá solicitar su baja quien, habiendo cometido una falta leve, pase un año sin incurrir en otra. Para las graves, el margen de espera ascenderá a 24 meses y para las peores, hasta los 36.
El documento, igualmente, prevé la formación de una comisión público-privada que vele por la aplicación de la normativa, elabore recomendaciones para mejorarla y resuelva dudas de interpretación. La integrarán miembros de la Xunta, de la Fegamp y de «sectores afectados cun criterio de pluralidade».
Entre sus competencias figurará una crucial: proponer a Presidencia unos horarios de apertura y cierre para la hostelería que sustituyan a los aprobados por el Gobierno Fraga en el 2005. A partir de esa base, los concellos podrán luego autorizar, «de xeito motivado», ampliaciones y reducciones de actividad, maniobra que hoy compete a la Xunta en exclusiva.