El PP aplaza otra vez la reforma de la ley electoral pero dice que se hará este año
GALICIA
Los populares imputan la demora a su trabajo en el frente del naval y las cajas
09 jul 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Por segunda vez en menos de un año, el Partido Popular de Galicia ha alterado su propia hoja de ruta para sacar adelante una reforma de la ley electoral con la que, entre otras cosas, quiere reducir de 75 a 61 los miembros del Parlamento, al objeto de ahorrar entre cinco y seis millones de euros por legislatura. Después de meterla en el cajón en agosto del 2012 ante el adelanto de los comicios autonómicos, este abril los conservadores se habían comprometido a presentar formalmente en la Cámara su propuesta de cambio de normativa antes de que concluyera el primer período de sesiones del ciclo 2012-2016, o sea, a finales de junio como muy tarde. Avanzado julio, ahora admiten el obvio retraso, si bien alegan causa «justificada» y garantizan que lanzarán de forma oficial su plan este mismo mes, de modo que pueda aprobarse entre septiembre y diciembre.
Sostiene la cúpula del PPdeG que esta vez ha incumplido en parte el calendario para la remodelación legal porque su grupo parlamentario lleva semanas «centrado» en el desarrollo de la comisión de investigación de lo ocurrido con las antiguas cajas de ahorros, así como en trabajar en pro de un acuerdo unánime para defender el sector naval en Bruselas, algo en lo que, de hecho, todavía anda. «Esas fueron prioridades -aducen fuentes de la dirección- que impidieron abordar la reforma cuando se preveía».
Sin embargo, los de Feijoo no han renunciando a irse de vacaciones sin haber enmendado esta segunda demora. Al contrario, aseveran, van a registrar el proyecto en algún momento de los próximos 22 días. «En todo caso», aclaran, su tramitación arrancará a la vuelta de agosto, para concluir todavía dentro del 2013, «como se había dicho desde un principio». En la práctica, no entraría en vigor hasta las próximas elecciones gallegas, en el otoño del 2016, salvo nueva convocatoria anticipada.
Los de la gaviota mantienen igualmente su «intención» de recabar apoyos para esta causa entre las fuerzas de la oposición; sobre todo, el de los socialistas. No obstante, hasta la fecha, el BNG se ha cerrado en banda siquiera a negociar. Y el único contacto público mantenido por el portavoz de los populares, Pedro Puy, sobre este asunto con sus homólogos en el PSOE, Abel Losada, y AGE, Xosé Manuel Beiras y Yolanda Díaz, el 6 de junio, terminó sin consenso alguno. En esa reunión, con todo, el PPdeG abrió la mano a «axustar» su planteamiento inicial, para no tener que darle luz verde en la soledad de su holgada mayoría absoluta.
De partida, apelando a la crisis y a los recortes de cargos ya ejecutados en el seno del Gobierno y en la alta Administración, los conservadores sugieren rebajar un 18,7 % el número de diputados, manteniendo el mínimo de escaños que la ley reconoce actualmente a cada provincia (10) y repartiendo los 21 restantes con criterio poblacional. De manera que en A Coruña los representantes políticos caerían de 24 a 19; en Pontevedra, de 22 a 17; en Lugo, de 15 a 13; y, por último, en Ourense, de 14 a 12. En ese escenario, con los votos emitidos el pasado 21 de octubre, hoy el PP contaría con 33 asientos en la Cámara, por 14 del PSOE, 8 de AGE y 6 del Bloque. Esto es, respectivamente, perderían ocho, cuatro, uno y otro. Pese al batacazo del partido dominante, Galicia no estrenaría presidente.
Cesiones para el acuerdo
Los populares, como contrapartida por respaldos que avalasen el espíritu de la operación, accederían a incorporar matices en el esquema original. Por ejemplo, estudiarían tocar los cupos provinciales siempre que el principio de representatividad territorial no se viese muy mermado. Así también anularían el principal argumento con el que los detractores de la reforma la atacan: el supuesto deseo de sus promotores de buscar ventaja primando zonas tradicionalmente de centro-derecha.
En paralelo, el PPdeG aspira a introducir otra serie de modificaciones en el régimen jurídico. Entre ellas, regular la celebración de debates entre candidatos a jefe del Ejecutivo, endurecer los requisitos éticos para poder figurar en una lista y reducir a la mitad la duración de las campañas electorales, que en estos momentos se prolongan por espacio de 15 días. Asimismo, aboga por terminar con determinados privilegios salariales de los parlamentarios, que no tributan por la mitad de lo que cobran: más de 5.000 euros.
Los de Feijoo aseguran que presentarán este mes el recorte de parlamentarios