Feijoo obliga por ley a sus conselleiros a publicar sus bienes al cesar en el puesto
GALICIA
La ley de racionalización de la Administración autonómica exonera a los altos cargos de hacer el destape patrimonial
30 ago 2013 . Actualizado a las 07:00 h.La declaración pública de los bienes e intereses de los miembros del Gobierno gallego se convertirá en obligatoria. La Consellería de Presidencia aprovechó el proyecto de ley de racionalización de la Administración autonómica, aprobado ayer por el Consello de la Xunta, para regular el destape patrimonial de los conselleiros que, en lo sucesivo, deberán publicar en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la declaración de rentas y bienes tanto cuando tomen posesión de sus cargos como en el momento de ser cesados con el fin de poder comprobar la evolución de su propiedades personales durante el mandato público.
En diciembre del año 2011, los miembros del Gobierno gallego publicaron por primera vez sus respectivas declaraciones patrimoniales por voluntad propia, correspondiendo a un compromiso asumido hace dos años por el jefe del Ejecutivo, Alberto Núñez Feijoo, después de que el grupo del PSdeG lo reclamara abiertamente en el Parlamento.
La primera declaración se hizo de forma voluntaria, sin norma alguna que la regulara, un vacío que ahora se cubre dándole carácter obligatorio a este gesto y ampliándolo hasta el momento mismo del cese.
Altos cargos, excluidos
El blindaje legal de las declaraciones patrimoniales afectará solo a los conselleiros y al jefe del Ejecutivo, pues los restantes altos cargos políticos (secretarios xerais, directores xerais y delegados territoriales) quedará exonerados, a diferencia de lo que ocurre con otras Administraciones, como la central, donde también los secretarios de Estado están obligados a publicar sus rentas y patrimonios.
Feijoo manifestó en la rueda de prensa posterior al Consello que la aprobación del proyecto de ley de racionalización administrativa se trata del «tercer pilar» de las reformas en el ámbito de la Xunta comprometidas por su Gobierno, tras la reducción del aparataje de la Administración paralela (sociedades, entes y fundaciones dependientes de la Xunta) y la aprobación de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de la Lofaxga del 2010 para ordenar todo el sector público.
La nueva ley que será remitida al Parlamento «blinda a necesidade», manifestó Feijoo, de evaluar periódicamente la estructura de la Administración, a la vez que establece que para crear nuevos organismos será necesario un informe previo. Otro de sus propósitos confesos es de limitar la externalización de servicios y asistencias, asumiendo directamente en la Xunta nuevas tareas que ejecutaría el personal funcionario y laborar de la Administración gallega.