El juez rechaza la petición del ADIF para que sus técnicos no declaren

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Pese al intento «in extremis», el director de Seguridad en la Circulación y el responsable de la delegación noroeste comparecen hoy en el juzgado

18 sep 2013 . Actualizado a las 13:44 h.

El ADIF ha comenzado a defenderse con el respaldo del aparato jurídico del Estado en el caso Alvia, ante la perspectiva de que sea declarado responsable civil subsidiario si son condenados los técnicos que fueron citados a declarar hoy y mañana. En el recurso que ayer publicó La Voz, la Abogacía del Estado no solo trataba de parar la hemorragia de imputaciones hacia el consejo de administración de la sociedad pública. También intentaba suspender in extremis -apenas con un día de margen- las declaraciones de los cinco responsables de seguridad del tramo Ourense-Santiago. Esta estrategia no solo se ponía de manifiesto en el recurso genérico del ADIF, sino también en las otras apelaciones que interpusieron los abogados de los cargos y técnicos del ADIF. La defensa de estos imputados no se articula a través de los abogados del Estado, sino mediante un convenio de asistencia jurídica con una aseguradora. Y en todos estos recursos también se solicitaba que se procediera «a la suspensión de la diligencia de prueba acordada [la declaración]» mientras la Audiencia Provincial de A Coruña no se pronuncie.

En una breve providencia dictada ayer, el juez Luis Aláez respondió que no se suspende «el curso del procedimiento y por ello la práctica de las diligencias acordadas». Las declaraciones seguirán por tanto el plan previsto. Hoy comparecerá en primer lugar el director de Seguridad en la Circulación, Manuel Besteiro Galindo y, después, el responsable de la gerencia de seguridad del Noroeste, Fernando Rebón Sartal.

En el recurso del director se recuerda que Besteiro era ajeno al diseño del trazado de la línea, los sistemas de seguridad con los que debía estar dotada (ERTMS o ASFA) o el establecimiento de velocidades máximas en cada tramo. Su abogado recuerda que tomó posesión de su cargo el 3 de junio del 2013, «apenas 50 días antes de que se produjera el accidente». Fue en realidad su predecesor, Andrés Cortabitarte, el que era el responsable de seguridad cuando se tomaron esas decisiones.

La responsabilidad civil

La Abogacía del Estado cree que si se mantiene la imputación de sus técnicos, ante «el eventual e improbable caso» de que se les condenara, sería «prácticamente inevitable» para el ADIF «la condena al pago de la responsabilidad civil subsidiaria en la cuantía que se estableciera». Este hecho legitima, según el letrado de la Administración, que el ADIF se persone en la causa como entidad afectada y recurra el auto del pasado 9 de septiembre, «en defensa de sus propios derechos e intereses».

La responsabilidad civil, que determinará quién paga en última instancia unas indemnizaciones a los afectados que ya han comenzado a adelantar los seguros de Renfe, estaría en estos momentos concentrada en la operadora ferroviaria, pues sería el responsable civil subsidiario si el maquinista es condenado por 79 homicidios imprudentes. El Estado es el que pagaría en última instancia, pero hay que tener en cuenta que Renfe y el ADIF son dos empresas con personalidad jurídica e intereses diferenciados, y el gestor ferroviario cree que está legitimado para defenderlos.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, no quiso valorar ayer el recurso del ADIF -que centra en la imprudencia del maquinista la causa del siniestro- y se reafirmó en que su prioridad son las víctimas. Adelantó que ha pedido un informe jurídico y que está estudiando la fórmula para «acelerar» los trámites con el objetivo de que las víctimas del accidente cobren las indemnizaciones que les correspondan «con independencia del proceso judicial».

El BNG solicitó ayer en el Congreso la comparecencia del presidente del ADIF, Gonzalo Ferre, para que explique las razones por las que se presentó el recurso contra la imputación de 28 cargos y consejeros del gestor ferroviario. La diputada Rosana Pérez cree que los argumentos utilizados «raian a irresponsabilidade absoluta». «Non se trata de ter capacidades adivinatorias, trátase de pór as medidas de seguranza que un Alvia precisa», dijo.