La operación anticorrupción llega a su ecuador con más de 80 imputados
18 sep 2013 . Actualizado a las 13:58 h.La operación Pokémon cumple pasado mañana un año. Una de las investigaciones de mayor calado promovidas en Galicia para hacer frente a la lacra de la corrupción todavía está a medio camino de acabarse. El número de imputados supera los 80 y seguramente sobrepasará los cien porque parece que las pesquisas han desatado una fiebre especial entre alguno de los imputados: les da por hablar, contar y presentar documentos. Hay momentos en los que a Pilar de Lara, la jueza instructora, le es imposible atenderlos a todos. Alguno, como es el caso del exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa, incluso aprovechó la Semana Santa para hablar y hablar en el juzgado.
El secreto de sumario, que provoca las iras de los imputados, fue ampliado en los últimos días por un mes más. Ayer un investigador respondió encogiéndose de hombros a la pregunta de cuándo acabarán. Aún puede quedar un año más en algunos concellos como el de Santiago o el de Lugo. La jueza guarda silencio y dicen que ya tiene preparada una lista de personas que pasarán por su despacho para declarar. En esa relación figuran, al parecer, varios alcaldes.
La operación Pokémon comenzó a fraguarse durante la Carioca. Los teléfonos fueron una mina de información y continúan siéndolo. La jueza vio compensado su esfuerzo para desentrañar la red que unía a responsables de varios burdeles con algunos miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Lo hizo recibiendo informaciones proporcionadas por ciudadanos que daban pistas muy concretas sobre las presuntas actividades delictivas en las que estarían incurriendo algunos personajes muy conocidos de la vida social y política de Lugo. Uno de ellos era Francisco Fernández Liñares, expresidente de la Confederación Hidrográfica y exconcejal del Ayuntamiento de Lugo y mano derecha durante muchos años del alcalde López Orozco.
Los informantes atribuían a Liñares diferentes fechorías para conseguir supuestos beneficios personales. Metían también en el mismo paquete a Javier Reguera, uno de los hombres fuertes del grupo Vendex en Lugo (era el responsable de la ORA), y al empresario local Manuel Santiso, vinculado a Cechalva, la concesionaria del servicio de grúa en Lugo, que supone una gran sangría económica para el Concello.
«No hubo más que tirar del hilo», apuntó un investigador. Lo que quizás no llegó a sospechar la jueza y quienes trabajaban en ese momento para ella es que el ovillo era inmenso. La presunta trama de adjudicaciones corruptas que, supuestamente, se puso en marcha en Lugo, también tenía ramificaciones en Ourense, donde Liñares había efectuado parada en la Confederación Hidrográfica después de haber dejado el Concello de Lugo. Quien realmente hizo crecer el revuelto ovillo fue él. En las abundantes horas de declaraciones prestadas ante la jueza, con idas y venidas desde la prisión de Monterroso, donde pasó varios meses, citó decenas de nombres y de empresas que, supuestamente, dieron sobornos para conseguir contratos.
La onda expansiva recorrió Galicia
Detrás de Francisco Fernández Liñares cayó otro Francisco, en este caso Rodríguez, que por aquel entonces era el alcalde socialista de Ourense. Los investigadores descubrieron que en este Concello también podría estar funcionando una trama relacionada con distintas adjudicaciones. La operación se llevó por delante, asimismo, a Fernando Varela, que era edil del BNG.
La onda expansiva recorrió Galicia. Afectó a Boqueixón e incluso a O Carballiño. Hasta tuvo su repercusión en el municipio catalán de Sant Hilari. Con la Pokémon engordando a toda velocidad, los investigadores derivaron lo que estaban descubriendo en Santiago a la operación que denominaron Manga, que se encuentra en plena ebullición. En Compostela se esperan más novedades en las próximas semanas.