El de José Manuel Lage Tuñas no es el único caso de profesionales vinculados al PSOE fichados por el presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, para asuntos potencialmente polémicos, como los de transparencia y personal. Para este último, Baltar ha acudido a Miguel Diéguez Díaz, un abogado originario de Lugo aunque asentado en Ourense, que ha ejercido cargos de marcado carácter político al abrigo del PSOE, tanto en la Xunta de Galicia durante el bipartito que presidió Pérez Touriño, como en el Concello de Ourense, durante la etapa en la que era alcalde Francisco Rodríguez, que hace un año abandonó el puesto al ser imputado en la Pokémon.
Al abogado socialista le ha encargado José Manuel Baltar, por decreto del pasado 22 de julio, la elaboración de una «ordenanza reguladora dos procesos de selección de persoal funcionario interino e laboral temporal da Deputación Provincial de Ourense». El encargo, articulado como «contrato menor de servicios», tiene para las arcas provinciales un importe máximo de 6.000 euros, según la encomienda que el pasado julio firmó el presidente de la Diputación.
Miguel Diéguez se incorporó en el verano del 2005 al equipo de la conselleira socialista de Educación, Laura Sánchez Piñón, en cuyo gabinete ejerció labores de asesoría jurídica y parlamentaria hasta el 2006.
Renuncia
El abogado, cuya militancia con el PSOE era anterior, habiendo colaborado profesionalmente con el grupo municipal socialista de Ourense durante los últimos años de oposición, fue requerido por Francisco Rodríguez para incorporarse al gobierno local PSOE-BNG en calidad de director de recursos humanos. Su falta de sintonía con el concejal que figuraba como responsable de personal (el pachista Antonio Rodríguez Penín), sumada a la escasa implicación del exalcalde a la hora de respaldarlo en aquel pulso, hizo que renunciara al puesto sin siquiera haber cumplido medio año entre finales del 2007 y los primeros meses del 2008.
No fue su último cargo de carácter político. También prestó servicios como asesor en la Consellería de Medio Ambiente, durante el último tramo del mandato del bipartito PSOE-BNG, cuando Pachi Vázquez era su máximo responsable.