QBE Insurance, que está abonando anticipos de las compensaciones a las víctimas de Angrois, pide a la Audiencia que mantenga la imputación a los cargos del gestor ferroviario
28 sep 2013 . Actualizado a las 18:46 h.Son dos empresas públicas. Una de ellas, Renfe, forma parte del ADN del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), pues esta última se creó en el 2005 a partir de la primera para separar la gestión de la infraestructura de los servicios ferroviarios. Pero pese al origen común y su dependencia del Ministerio de Fomento, en la causa del caso Alvia pueden llegar a tener intereses divergentes e incluso contrapuestos. El primer gran punto de tensión lo ha puesto sobre la mesa la aseguradora que Renfe contrató para cubrir su responsabilidad civil en caso de accidente. Los abogados de QBE Insurance acaban de presentar un escrito en el que se oponen a que la Audiencia Provincial de A Coruña levante la imputación a los cargos de seguridad del administrador ferroviario, pues consideran que la imputación del ADIF a través de estas personas es procedente «como máximo garante de la seguridad en la circulación».
La aseguradora responde así al recurso presentado por la Abogacía del Estado y los letrados de los cinco primeros imputados contra el auto del juez Luis Aláez del pasado 9 de septiembre. Y lo hace concluyendo que el administrador ferroviario permitió la circulación de trenes «por un tramo de línea carente de las medidas de seguridad suficientes».
Los letrados de QBE enumeran hasta dieciocho motivos para sustentar la tesis de que la imputación de los cargos de seguridad -los cinco que ya han declarado y los que les precedieron en el puesto- es «necesaria». Entre estas razones figura la falta de indicación previa de la limitación de velocidad en la curva de A Grandeira; la señalización en vía libre (verde) previa a la entrada de la curva, sin que se optara por la vía libre condicional o el anuncio de precaución; la falta de una transición de una velocidad máxima de 200 a otra de 80 por hora; o el hecho de obligar a los maquinistas a tomar su propia referencia para reducir la velocidad.
Aseguran, además, que estas transiciones «significativas» de velocidad están «perfectamente identificadas» por el ADIF. De hecho, recuerdan que con posterioridad al accidente se colocó en la zona del accidente, en el que perdieron la vida 79 personas, señalización adicional que permitía una reducción de velocidad más progresiva. Esta medida se extendió además a otros 80 puntos similares de la red ferroviaria.
Los abogados de la aseguradora también recuerdan que las competencias del ADIF como garante de la seguridad ferroviaria apuntalan la necesidad de imputar a estos responsables, pues tenían el deber de cuidado «para neutralizar los riesgos no permitidos creados por terceras personas».
En cambio, no hay ni una sola mención directa a la veintena de miembros del consejo de administración del ADIF que, en ese mismo auto, ya se enfrentaban a una eventual declaración en calidad de imputados.
Estrategia de la aseguradora
Es preciso aclarar que Renfe tiene su propio abogado en la causa y que la aseguradora actúa con sus propios criterios procesales, con la estrategia de recobrar los desembolsos que, en forma de anticipos, ya ha empezado a entregar a las víctimas del accidente. En una nota informativa reciente, QBE aclaraba que en ningún caso estos pagos suponían un reconocimiento de responsabilidad por parte de sus asegurados -Renfe- y anunciaba que se reservaba el derecho de recobrar las cantidades anticipadas «no a los damnificados, sino a los que finalmente se determinen como últimos responsables».
Cree que tenía el deber de evitar los riesgos creados por terceras personas