La jueza que lo condena a dos años ve voluntad de no pagar el IVA
03 oct 2013 . Actualizado a las 10:47 h.Gerardo Conde Roa infringió «con conciencia y voluntad» el deber de pagar 291.289 euros del IVA por la venta de 61 viviendas, según la sentencia que lo condenó a dos años de prisión y al pago de una multa de 582.000 euros. Más todavía, la magistrada María Jesús García Pérez, titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago, añade en la sentencia que el exalcalde compostelano lo hizo pese a contar con «sobrado asesoramiento».
La sentencia condenatoria, que fue dada a conocer ayer después de que el martes por la noche trascendiera el fallo, tira por tierra todos los argumentos de Conde Roa y de su abogado, Ramón Sabín, que trataron de demostrar que en ningún momento el expolítico tuvo voluntad de defraudar, por lo que no habría incurrido en responsabilidades penales aunque sí admitieron las administrativas. Sin embargo, la magistrada, en línea con las conclusiones a las que llegó José Antonio Vázquez Taín en la fase de instrucción en el Juzgado número 2 y con las tesis de la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la Agencia Tributaria, concluyó que «hay un dolo evidente» y asegura que «el acusado quiso mostrar falsa ignorancia y falsa buena voluntad [...] manifestando intención de pagar que en nada se materializó».
Voluntariedad
La jueza considera probado que Conde Roa dejó voluntariamente de presentar la declaración del IVA correspondiente al ejercicio del 2010, cuando la promotora de la que era administrador único, Geslander Proyectos de Edificación, formalizó las operaciones de compraventa de 61 viviendas por importe total de 5.683.841,70 euros. Descontando los pagos anticipados realizados por los compradores en años anteriores, el valor total enajenado en el 2010 fue de no menos de 4.059.143 euros. Aclara la sentencia que en dicho ejercicio Geslander repercutió 300.810 euros y soportó únicamente 9.521 en concepto de IVA, por lo que la cantidad no declarada como debida y tampoco ingresada se elevó a a 291.289 euros.
Abogado de profesión, Conde Roa trató, en descargo de sus responsabilidades, culpar a no imputados, en referencia a los responsables de una asesoría y de una inmobiliaria compostelana con la que el exalcalde tenía un contrato de arrendamiento de servicios para realizar gestiones relativas a las promociones de Geslander. «Dice Gerardo no haber sido informado en relación al IVA del 2010 a diferencia del 2009 en que pidió aplazamiento y fue pagando. En años anteriores -añade la sentencia- no tuvo problema alguno pues le salía a devolver». Esta estrategia de defensa trataría de culpar a no acusados de forma que nadie fuera condenado, pero la jueza cree que estos se limitaron a cumplir sus funciones correctamente y «no son los obligados, sino Gerardo».
Varias veces advertido
El asesor que llevaba la contabilidad de Geslander le recordó a Conde Roa varias veces en el 2010 que las opciones que tenía eran pagar o pedir aplazamiento aportando garantías en el caso de que no prefiriera ingresar a cuenta y después pedir aplazamiento por lo no ingresado. «Bien asesorado, no llevó a cabo ninguno de estos comportamientos», afirma la jueza. Cuando el fraude fue descubierto por Hacienda, el acusado buscó avales y garantías con la intención de regularizar su situación, lo que ya era inútil.
La sentencia también califica de «vía de distracción» el intento de Conde Roa de «culpar» a Geslander al afirmar que en todo caso esta sociedad se apropiaría del IVA. La jueza señala que el expolítico y Geslander son lo mismo. También constata que Gerardo Conde retiró de la empresa diversas cantidades de dinero -cita dos apuntes por 55.000 y 194.000 euros- y al aludir el expromotor a sus gastos de separación matrimonial, la jueza se pregunta si no los habrá pagado Geslander.
«Gerardo es el administrador real que elude el pago del IVA, es quien domina el hecho y tiene la responsabilidad penal individual», concluye la sentencia, que también condena a Geslander al pago de otra multa de 582.000 euros.
El exalcalde de Santiago no quiso valorar ayer la sentencia. Su abogado reiteró que recurrirán la condena -que no supone ingreso en prisión al no tener antecedentes penales- por considerarla injusta y excesiva.