La Xunta se compromete en la nueva Lei do Solo a reforzar la inspección contra el feísmo, pero vuelve a dejar su control en manos de los alcaldes
13 oct 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Primavera del 2006. Falta un año para las municipales. Los alcaldes se afanan en las obras pendientes para cumplir con sus vecinos. No es momento de enemistades. Entonces reciben una circular de la Xunta. Les recuerda sus competencias urbanísticas y los conmina a ejercerlas para combatir el feísmo. Los regidores deben instar a los propietarios de casas sin rematar a adecentarlas. Si se niegan, dice el escrito del bipartito, el concello puede proceder a la ejecución subsidiaria de las obras con cargo al dueño o a imponer multas coercitivas de hasta 6.000 euros. Los alcaldes miran para otro lado. Piden flexibilidad en la aplicación de la ley y objetan falta de medios. La norma queda en papel mojado y Galicia salva sus postales de ladrillo visto.
Otoño del 2013. El Gobierno de Feijoo encuentra un hueco entre las últimas autonómicas (2012) y las próximas municipales (2015) para lanzar su Lei do Solo. Será un texto más ágil y menos encorsetado que aquel del 2002, que los sindicatos agrarios caricaturizaron como «feito por urbanitas dende o Land Rover». Frente a la norma actual, descafeinada en su rigor original a fuerza de reformas, la nueva renuncia a meter el medio rural en una urna. La idea es conciliar el proteccionismo del núcleo con su desarrollo. Está bien preservar la aldea, pero sin estrangular su crecimiento. Con esa filosofía, la Xunta se reserva la autorización de grandes instalaciones agropecuarias, turísticas o recreativas en suelo rústico, pero deja las obras menores a criterio del alcalde. Y el combate contra el feísmo, también.
Pese al fracaso estrepitoso de la ley en vigor, los concellos volverán a tener la responsabilidad de acabar con las viviendas sin rematar. Como la actual, la próxima norma recogerá el deber expreso de conservación de las edificaciones en las debidas condiciones de higiene y ornato. La diferencia es que, mientras la ley en vigor recoge ese deber como una determinación general, la nueva establece un mandato ejecutivo. Hasta ahora, el marco urbanístico decía que los ayuntamientos podrán actuar ante los dueños de viviendas sin rematar. Pero la futura norma exige directamente al concello la ejecución subsidiaria de las obras y el envío de la factura al propietario.
Materiales y colores
En los núcleos rurales y en el suelo rústico, si el alcalde insiste en inhibirse de su deber, corresponderá a la Xunta esa asunción subsidiaria de las reformas que sean necesarias. El objetivo sigue siendo el mismo que el que asumió la ley Cuíña: borrar las huellas del feísmo. Aunque el momento es diferente. La presión edificatoria es mucho menor por la crisis, pero hay más conciencia social con el problema. Ya no vale adecentar la ley, sino las viviendas. Para ello, Urbanismo prevé reforzar el servicio de inspección de edificios y redactar planes especiales contra el feísmo para las zonas más frágiles del territorio. La norma exigirá que cada municipio incorpore medidas en su planeamiento para cumplir con el deber del remate total de las casas (tanto de sus fachadas como de la cubiertas), empleando los materiales y colores que faciliten su integración en el paisaje.
Igual que la norma actual propició el uso de la piqueta para superar el «ti vai facendo», la nueva invitará al alcalde a ir mudando su discurso con el vecino reticente. «Ti vai pintando».