Las actuaciones entre Dumbría y Fisterra implicaron otras 60 denuncias
18 oct 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Agentes de la Guardia Civil de Corcubión dieron por concluido esta semana un operativo que lleva en marcha desde el pasado mes de junio y que estaba destinado a responder a las numerosas quejas por intrusismo en el sector del alojamiento relacionado con el Camino jacobeo con final en Fisterra. La operación se ha saldado con el cierre de nueve establecimientos que carecían de las debidas autorizaciones para funcionar y con 60 denuncias administrativas entre los cerca de 70 negocios inspeccionados.
Los guardias peinaron los municipios por los que pasa el Camino, dentro de su ámbito de actuación, que son Dumbría, Cee, Corcubión y Fisterra, y después de analizar uno por uno los locales, se percataron de que la gran mayoría de los albergues legales cumplen prácticamente todos los aspectos normativos, pero junto a ellos proliferan negocios en los que se dan situaciones absolutamente aberrantes, con vulneraciones en materia de higiene, en aspectos tributarios o laborales, además de en todo lo que tiene que ver con los registros de turismo, la Xunta, los ayuntamientos o la Delegación del Gobierno.
Aunque algunos estaban anunciados con cartelería y diferentes recursos publicitarios, la mayoría se ubican en pisos o viviendas particulares a los que solo se accede de la mano de sus propietarios.
Las repetidas denuncias públicas de los profesionales que actúan dentro de la legalidad y los testimonios de los propios peregrinos sirvieron de base a los investigadores, que llevaron a cabo una labor silenciosa de meses con observación, vigilancias y, finalmente, inspecciones generalizadas.
El proceso no resultó para nada sencillo, porque una vez que se corrió la voz, sobre todo en Fisterra, de que los agentes estaban detrás de este tipo de negocios, incluso se tejieron redes de información entre los infractores para alertar cuando se producía la visita de los guardias y, de este modo, seguir ejerciendo la actividad hasta el momento de ser descubiertos.
Entre las cuestiones más graves denunciadas por el instituto armado está la evasión fiscal por ejercer este tipo de actividad sin cotizar a Hacienda y sin tener a los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, pero también hay negocios sin licencia municipal de apertura e incumplimiento, también en el caso de algunos legales, de la obligación de registrar a los clientes y enviar esa información a la Delegación del Gobierno. Una práctica que fuentes policiales consideran especialmente peligrosa puesto que los empresarios pueden estar alojando a delincuentes perseguidos sin que ellos ni las autoridades lo sepan.
Pese a su amplitud, esta operación es solo una primera fase porque la propia Guardia Civil reconoce que el problema persistirá y que serán necesarias nuevas intervenciones, de cara a la próxima temporada, para erradicarlo por completo.
Captaban clientes a agarrones
Los responsables de algunos de los albergues clausurados se valían de prácticas cuando menos controvertidas para hacerse con los clientes, que prácticamente eran conducidos a agarrones y empujones hasta los bajos, pisos o incluso viviendas particulares en las que se les daba alojamiento que incumplen muchos aspectos de la legislación vigente. Una de las formas más comunes de actuar de los captadores de peregrinos consiste en esperarlos en la calle o en la parada del autobús para cogerlos del brazo y llevarlos hasta el establecimiento en cuestión prácticamente anulando su voluntad. Incluso se han dado enfrentamientos entre estos particulares hospitaleros por quedarse con los clientes.