La Xunta «descarta por completo» gravar por el uso de sus carreteras
21 oct 2013 . Actualizado a las 13:50 h.El cobro de peajes en autovías y hasta carreteras nacionales está muy cerca de convertirse en un hecho pese a que el Ministerio de Fomento ha descartado secundar la petición de las empresas concesionarias de autopistas para que se ponga precio a la utilización de los viales de alta capacidad. La Diputación Foral de Guipúzcoa cerró ayer la admisión de ofertas para instalar en una autovía, dos carreteras nacionales y otra provincial arcos de control de matrículas para cobrar peaje del mismo modo que desde hace tres años hace Portugal. La Generalitat también ha dado pasos en el mismo sentido al haber aprobado el edicto que regulará la implantación de peaje para camiones en su eje transversal, la autovía que cruza la comunidad desde Lérida a Gerona.
Las dos iniciativas están movidas por el mismo criterio, según explican ambas Administraciones a La Voz: hacer contribuir al mantenimiento y conservación de las carreteras a los usuarios de los vehículos que atraviesan los dos territorios, especialmente los pesados, en sus viajes entre Francia y el resto de la Península. La consecuencia será que tanto en Cataluña como en la provincia vasca será prácticamente imposible cruzar sin pagar peajes. En Guipúzcoa incluso dos carreteras de titularidad estatal como la nacional I, que parte de Irún y atraviesa la provincia en dirección a Madrid, y la 121, que sale de Behovia y se adentra en Navarra, forman parte del plan de peajes del Gobierno foral que dirige Bildu, dado que es la Diputación la que ha asumido su gestión por derechos forales. Ambas carreteras, así como las dos autopistas de la provincia y todas las demás carreteras están integradas en la empresa pública Bidegi, que acumula una deuda de 900 millones de euros y un gasto anual por labores de mantenimiento de 230 millones, mientras que sus ingresos solo rondan los cien.
El plan de recortes de la Generalitat ha impulsado, en el caso de Cataluña, el cobro en su eje transversal (C-25), carretera que soportaba un intenso tráfico de camiones que escapan de los peajes de la red de autopistas de la comunidad. La Administración autonómica pagará hasta el 2040 cada año 69,8 millones de euros en peajes en la sombra en dicha autovía, y por eso ahora pretende recuperar una parte con la euroviñeta.
La Xunta no lo va a imitar
La solución adoptada por guipuzcoanos y catalanes es rechazada «por completo» por la Xunta como método para rebajar la factura de 61 millones de euros que se gasta la Administración gallega al año en peajes en la sombra y en la subvención de tramos de autopista, circunstancias ambas que se dan en Rande o A Barcala, la autopista Ourense a Dozón, o los viales de Brión, Barbanza y O Salnés. «No tenemos intención de cobrar peajes, ni ahora ni en el futuro», asegura la Consellería de Infraestruturas, que añade que tampoco volverá a recurrir a la vía de pago diferido para la construcción de nuevos viales, ni a la subvención de más peajes por cuestiones presupuestarias.