Compensará la caída de tráfico para evitar la quiebra de las adjudicatarias
26 nov 2013 . Actualizado a las 09:40 h.La adjudicación de obra pública en régimen de concesión, acuñada en Galicia en la etapa de Fraga e impulsada por los Gobiernos posteriores, se ha convertido en una fuente de problemas crecientes para la Administración. A la gravosa carga que representa para las cuentas de la comunidad el pago en plena crisis de las hipotecas contraídas con las concesionarias, que asumen la financiación para acelerar la ejecución de infraestructuras, se suma ahora el riesgo de quiebra de las empresas por una caída del tráfico que puede mermar los ingresos previstos por el peaje encubierto que cobran de la Xunta. Esta alerta ha llevado al Ejecutivo de Feijoo a planear medidas de excepción, entre las que figura el abono de una tasa por vehículo mayor de la que fija el contrato para compensar ese recorte de usuarios.
Esta solución requeriría, por tanto, de una revisión previa del contrato concesional. Su aplicación estaría supeditada a que el tráfico de la autovía descienda por debajo del umbral mínimo establecido en las condiciones con que fue adjudicada. Según la Xunta, en la actualidad, esa circunstancia no se da todavía en ninguna de las cuatro autovías en servicio con sistema concesional: Santiago-Brión (AG-56), Barbanza (AG-11), O Salnés (AG-41) y la conexión de la A-52 con Celanova (AG-31). Pero, excepto esta última, que lleva menos de un año abierta, las otras tres están perdiendo usuarios: 3.000 el año pasado. Si esa caída continúa y el tráfico no llega al mínimo que figura en cada contrato, la Axencia Galega de Infraestruturas reequilibrará las concesiones. Compensará a las empresas para que sus ingresos por peaje sean los previstos, y evitar así una quiebra que abocaría a la Xunta a un rescate de la concesión viaria para el que carece de capacidad.